Ocho autonomías limitan el aborto gratuito a migrantes pese a la ley

Ocho comunidades autónomas incumplen la ley del aborto al restringir el acceso gratuito a mujeres migrantes

El derecho al aborto gratuito y universal en España continúa siendo un reto, especialmente para las mujeres migrantes en situación irregular. Un reciente análisis revela que al menos ocho comunidades autónomas, siete de ellas bajo gobierno del Partido Popular y una del PSOE, imponen barreras administrativas que dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de la sanidad pública. Estas restricciones contravienen la ley estatal aprobada en 2023, que garantiza este derecho sin importar la situación legal de residencia.

Comunidades que exigen empadronamiento y restringen el acceso

Las regiones de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Ceuta y Melilla exigen a las mujeres migrantes acreditar al menos tres meses de empadronamiento. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, aplica trabas similares. Este requisito contradice la normativa estatal, que estipula que todas las personas en territorio español, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, deben tener acceso a la IVE en las mismas condiciones.

Por el contrario, Andalucía, Murcia, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Navarra cumplen con la ley y facilitan el acceso a la interrupción del embarazo sin exigir tarjeta sanitaria ni residencia mínima.

La ley de 2023 y su aplicación desigual

La reforma legal de 2023, impulsada por el Ministerio de Igualdad, estableció de forma explícita que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se aplica a todas las personas en España, sin distinción de nacionalidad o estatus legal. Sin embargo, la realidad difiere según la comunidad autónoma. En muchas regiones, las mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria son derivadas a unidades de tramitación que les solicitan documentación adicional, como el empadronamiento, lo que puede retrasar el acceso hasta superar los plazos legales para abortar.

• En la Comunidad de Madrid, se requiere un documento específico (DASE) que exige más de 90 días de estancia y tres meses de empadronamiento.
• En Aragón, el procedimiento formaliza la exigencia de tres meses de empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria.
• Castilla y León, País Valencià, Asturias y Baleares también solicitan pruebas de residencia mínima.
• Castilla-La Mancha, aunque gobernada por el PSOE, mantiene este mismo obstáculo.

Solo Canarias ha implementado una excepción, permitiendo el acceso universal a la IVE a mujeres migrantes embarazadas, incluso si carecen de tarjeta sanitaria o empadronamiento, según la Instrucción 6/2025.

La tarjeta sanitaria: barrera de acceso

El principal mecanismo para acceder a la sanidad pública es la tarjeta sanitaria, que requiere demostrar residencia mínima o empadronamiento. Este trámite puede demorar semanas o meses, dificultando el ejercicio del derecho al aborto dentro de los plazos legales. La ley de 2023, sin embargo, reconoce explícitamente este derecho “con independencia de si disfrutan o no de residencia legal”.

María Naredo, jurista y exasesora del Ministerio de Igualdad, recuerda que existía la voluntad de impulsar una protección explícita para migrantes en situación irregular, pero las negociaciones con el Ministerio de Sanidad no prosperaron y la reforma legislativa no llegó a blindar claramente este derecho a nivel nacional.

Situaciones ambiguas en otras regiones

En Galicia y Euskadi, la información sobre los procedimientos para mujeres migrantes en situación irregular es escasa o poco transparente. En Galicia, las migrantes son derivadas a Centros de Orientación Familiar, pero no queda claro si se garantiza el acceso universal y gratuito a la IVE.

Desde el Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, secretario de Estado, critica abiertamente a las comunidades que ponen obstáculos: “Poner barreras a esto es una vulneración de la ley que impacta en las personas más vulnerables”.

Herramientas para comprobar el acceso real

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, en colaboración con los ministerios de Sanidad e Igualdad, ha desarrollado la web quieroabortar.org. A través de esta plataforma, las mujeres pueden verificar si su comunidad autónoma garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de tarjeta sanitaria. El portal confirma que las ocho comunidades mencionadas, junto con Ceuta y Melilla, no proporcionan acceso sanitario sin esta credencial.

Diferencias entre comunidades: ejemplos positivos

Algunas comunidades han aclarado recientemente su postura y sí garantizan el acceso a la IVE a mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria ni empadronamiento:

• En Andalucía, las autoridades sanitarias confirman que el derecho se reconoce desde el primer día de la llegada, sin distinciones administrativas.
• En Navarra, basta un certificado de residencia para acceder a los trámites, sin necesidad de tarjeta sanitaria.

Impacto en la salud y derechos de las mujeres migrantes

La Asociación Progestión ha denunciado la “ocultación casi sistémica de información” sobre el derecho de las personas migrantes a la atención sanitaria en España. Esta falta de información y las trabas administrativas empujan a muchas mujeres hacia la marginalidad y el deterioro de su salud, al no poder ejercer en condiciones de igualdad un derecho reconocido por ley.

Conclusión

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en España sigue siendo desigual y depende, en gran medida, de la comunidad autónoma de residencia. Aunque la normativa estatal es clara, su aplicación no es homogénea, lo que deja en situación de vulnerabilidad a las mujeres migrantes en distintas regiones del país.