Nombres que denuncian: Kordia, Lemon y Suri, símbolos del retroceso democrático en la era Trump

Kordia, Lemon, Suri… los nombres que simbolizan la erosión del Estado de derecho en Estados Unidos bajo la administración Trump

Durante el último año, estudiantes, profesores, activistas y periodistas han sufrido las consecuencias de un endurecimiento represivo en Estados Unidos. Bajo la presidencia de Donald Trump, se ha desplegado un aparato institucional que ha limitado derechos y libertades fundamentales, apuntando principalmente a quienes se oponen a políticas gubernamentales en torno a Palestina, el control migratorio y el movimiento antifascista.

Represión dirigida: del movimiento propalestino a la cobertura periodística

El 16 de marzo, la activista palestina Leqaa Kordia fue puesta en libertad tras pasar más de un año detenida en un centro de inmigración de Texas. Su arresto, ocurrido en 2024 durante las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza, es un ejemplo de la lista de personas detenidas por manifestar posturas propalestinas en los inicios del nuevo mandato de Trump. Sin embargo, la atención mediática fue escasa, eclipsada por la cobertura de la guerra entre Estados Unidos e Irán, reflejando una preocupante normalización de la erosión democrática.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas que han debilitado el Estado de derecho, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión. El “antisemitismo” se ha convertido en una etiqueta utilizada para negar visados, detener estudiantes y restringir fondos a universidades, engloba ahora cualquier crítica al conflicto en Palestina. Esta estrategia ha afectado de manera directa a la comunidad universitaria, donde la protesta estudiantil ha sido equiparada con discursos de odio sin base jurídica sólida.

La instrumentalización de la ley migratoria y la persecución ideológica

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado la vigilancia y represión sobre quienes expresan opiniones disidentes. En el caso de Kordia, fue acusada de simpatizar con el terrorismo y de un supuesto blanqueo de capitales por transferir 1.000 dólares a su familia en Gaza, además de ser arrestada por permanecer en el país tras la expiración de su visa estudiantil.

En el último año, se han revocado más de 300 visas a estudiantes internacionales por su participación en protestas propalestinas. Muchos de ellos quedaron expuestos a redadas del ICE en los campus universitarios. Rajani Srinivasan, estudiante de origen indio, tuvo que huir a Canadá tras perder su visa y ser buscada por agentes de inmigración.

El caso de Mahmoud Khalil, activista palestino y residente permanente en EE.UU., ilustra la gravedad de la situación. Fue detenido en Manhattan y trasladado a un centro de detención en Louisiana, enfrentando un proceso de deportación que solo se logró frenar temporalmente gracias a la intervención de defensores de derechos civiles.

• Badar Khan Suri, profesor de la Universidad de Georgetown, fue arrestado por “difundir propaganda de Hamás” debido a su postura propalestina. Pese a que nunca se formalizaron cargos, estuvo detenido dos meses. La jueza que revisó su caso ordenó su liberación al no encontrar pruebas suficientes.
• Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, fue arrestada en la calle por agentes encapuchados y acusada de apoyar actividades terroristas. Su deportación también fue denegada por falta de pruebas.

Estos casos representan precedentes legales preocupantes, ya que la Administración ha recurrido a la detención y la deportación sin que existan cargos formales o pruebas tangibles, únicamente por el contenido de publicaciones en redes sociales o manifestaciones públicas.

La campaña represiva se amplía: del movimiento propalestino a la protesta contra el ICE

Si en 2025 la represión se centró en quienes se oponían a la guerra en Gaza, en 2026 el foco se ha desplazado a los manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además de episodios violentos como los asesinatos en Mineápolis, se han registrado arrestos de periodistas y condenas a activistas antifascistas.

A finales de enero, los periodistas Don Lemon, ex presentador de CNN, y Georgia Fort fueron arrestados tras cubrir una protesta contra el ICE en una iglesia de Saint Paul, Minnesota. Ambos fueron detenidos de madrugada bajo la acusación de estar “vinculados” a la protesta, pese a que las grabaciones demostraban que solo ejercían su labor informativa. Esta acción ha sido interpretada como uno de los ataques más graves a la libertad de prensa en los últimos años, marcando un preocupante cambio en las tácticas de presión estatal hacia los medios.

• Además de Lemon y Fort, un jurado en Texas condenó a nueve miembros de una presunta “célula antifascista” tras un tiroteo en una protesta frente a un centro del ICE en Prairieland. Entre los condenados figuran profesionales de distintos ámbitos, lo que evidencia la amplitud del espectro de la persecución.

La sentencia, que se apoya más en la ideología que en hechos comprobados, crea un precedente judicial peligroso para la criminalización de la protesta y la disidencia política.

Críticas y advertencias desde la sociedad civil

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que las leyes migratorias están siendo utilizadas para reprimir la libertad de expresión y silenciar voces críticas. En sus comunicados, la ACLU subraya que la Administración Trump busca evitar el control judicial de sus acciones, debilitando aún más el sistema de pesos y contrapesos constitucional.

La serie de detenciones, acusaciones y condenas a estudiantes, académicos, activistas y periodistas refleja un giro autoritario en la política estadounidense reciente. Los casos de Kordia, Suri, Lemon y muchos otros son parte de una tendencia alarmante que pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales y la salud democrática del país.