El Parlamento de Navarra remite a la Fiscalía la doble incomparecencia del presidente de Acciona en la comisión del ‘caso Cerdán’
El Parlamento de Navarra ha decidido trasladar a la Fiscalía la doble incomparecencia de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, ante la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Cerdán’. Esta resolución fue adoptada en una reunión a puerta cerrada, contando con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.
Posibles implicaciones legales por la incomparecencia
La negativa a comparecer ante una comisión parlamentaria puede constituir un delito de desobediencia, según lo estipulado en el artículo 502 del Código Penal. Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento foral recuerda que dicho artículo sanciona la falta de comparecencia ante órganos de las Cortes Generales o asambleas legislativas autonómicas, considerándola como un posible delito.
No obstante, los letrados del Parlamento navarro precisan que determinar si la conducta de Entrecanales encaja en este supuesto corresponde exclusivamente al ámbito judicial. Por ello, recomiendan al Parlamento informar a la Fiscalía, tal y como contempla el artículo 72.5 del reglamento de la cámara, para que se evalúe la posible responsabilidad penal del presidente de Acciona.
Antecedentes de la investigación y citaciones
José Manuel Entrecanales ha sido citado en dos ocasiones para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra: la primera vez, el 20 de enero, y la segunda, el pasado lunes. En ninguna de las dos ocasiones acudió, delegando su presencia en dos altos cargos de la empresa: Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y José Julio Figueroa Gómez, también directivo de la compañía.
Acciona ha justificado la ausencia del presidente argumentando que la citación debería dirigirse a su filial, Acciona Construcción, que fue la empresa que participó en la UTE adjudicataria de las obras del túnel de Belate. Este proyecto es uno de los principales puntos investigados en el marco de la causa que instruye el Tribunal Supremo, relacionada con presuntos amaños de contratos de obra pública.
Contexto y principales investigados en el caso
La comisión parlamentaria fue constituida el pasado 3 de julio con el objetivo de esclarecer la adjudicación y licitación de obras públicas promovidas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las últimas cuatro legislaturas. Se centra tanto en personas físicas como jurídicas vinculadas a la causa judicial.
Entre los principales investigados en este caso figuran el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y su exasesor, Koldo García. Estos dos últimos permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por su presunta implicación en el ‘caso mascarillas’.
Implicación de directivos de Acciona y avances judiciales
Tras los recientes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar —empresa relacionada con Santos Cerdán—, el juez Leopoldo Puente ha citado a declarar a varios exdirectivos de Acciona Construcción:
- Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción para España
- Tomás Olarte Sanz, exdirector de la zona norte y aún vinculado a la constructora
- Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur
A estos nombres se suma Fernando Merino, el primer exdirectivo de Acciona investigado en el marco de esta causa. Cabe señalar que, hasta el momento, Acciona no figura como investigada en calidad de persona jurídica, aunque Entrecanales sí fue incluido entre los comparecientes requeridos por la comisión navarra.
Próximos pasos: la Fiscalía analizará la posible desobediencia
La negativa reiterada del presidente de Acciona a acudir a la comisión será ahora puesta en conocimiento de la Fiscalía. Será este organismo el encargado de valorar si existen indicios suficientes para investigar un posible delito de desobediencia, tal como recoge la legislación vigente.
Este caso continúa generando expectación política y judicial, mientras se esclarecen las responsabilidades en torno a la adjudicación de contratos públicos en Navarra y la posible implicación de altos cargos empresariales y políticos.
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