El Parlamento de Navarra exige la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia
El Parlamento de Navarra ha aprobado una moción que solicita al Gobierno de España la declaración de nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, en un esfuerzo por recuperar bienes que, según diversas plataformas ciudadanas y fuerzas políticas, fueron inscritos indebidamente a nombre de la institución eclesiástica. Esta decisión, respaldada por Bildu, Geroa Bai y el Partido Socialista de Navarra (PSN), ha contado con el rechazo de UPN, PP y Vox.
Antecedentes de las inmatriculaciones
Durante décadas, la normativa hipotecaria española permitió que los obispados inscribieran numerosos bienes inmuebles en el registro de la propiedad mediante una simple certificación eclesiástica. Esta práctica, amparada por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, fue modificada en 2015 para impedir nuevos registros bajo este sistema. Sin embargo, hasta ese momento, la Iglesia católica registró decenas de miles de inmuebles en todo el país.
Navarra se ha destacado como la comunidad autónoma que más ha avanzado en la identificación y documentación de estos bienes. Según la Consejería de Desarrollo Rural, se han detectado cerca de 300 bienes comunales inscritos por el Arzobispado de Pamplona, aunque se estima que la cifra real podría superar los 1.700.
El alcance del problema
En 2021, el Gobierno central publicó un listado con 34.961 bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica, reconociendo así la magnitud del desafío jurídico y patrimonial que enfrenta el Estado. No obstante, la moción del PSN advierte que aún no se ha acometido una revisión integral del marco legal que permitió estas inscripciones ni se han puesto en marcha mecanismos efectivos para recuperar los bienes inscritos de manera indebida.
Reclamaciones y puntos clave de la moción
La moción aprobada por el Parlamento de Navarra incluye una serie de reclamaciones dirigidas tanto al Gobierno central como al Congreso de los Diputados:
- Impulsar una ley estatal que declare la nulidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, así como de cualquier disposición que haya permitido la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación administrativa.
- Solicitar reformas legislativas para declarar nulas de pleno derecho las inmatriculaciones realizadas bajo estas disposiciones consideradas inconstitucionales.
- Exigir la creación de un procedimiento estatal para la revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, con la participación de comunidades autónomas y entidades locales.
- Reclamar la ampliación, depuración y total publicidad del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta la actualidad, asegurando su correcta identificación registral.
- Solicitar el traslado de la moción al Gobierno de España, a las Cortes Generales, y a las federaciones de municipios y provincias.
Además, mediante una enmienda presentada por Bildu y Geroa Bai, el Parlamento insta a las Cortes Generales y al Gobierno de España a colaborar con otras administraciones y la sociedad civil en la recuperación de los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia en todo el país.
La labor ciudadana y la respuesta de los partidos
La plataforma ciudadana Recuperando, que ha sido reconocida como impulsora de la moción, mantiene como objetivo la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia. Entre sus demandas, destaca la necesidad de ampliar el periodo de revisión hasta 1946, año en el que, bajo el franquismo, se modificó la legislación hipotecaria y se incrementó considerablemente el número de inscripciones realizadas por los obispos.
Por su parte, los partidos UPN, PP y Vox rechazaron la propuesta. UPN argumentó que el Ejecutivo central, liderado por el Partido Socialista, no ha tomado medidas reales en los últimos años y cuestionó la efectividad práctica de la moción. El PP, por su parte, consideró que la iniciativa obedece a un intento de confrontación política con la Iglesia y de desviar la atención sobre otros asuntos de actualidad.
Perspectivas futuras
La aprobación de esta moción en Navarra se suma a los esfuerzos de diversas comunidades y movimientos sociales por revisar y revertir las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia católica. El debate, que combina aspectos jurídicos, históricos y patrimoniales, sigue abierto en el Congreso y en la opinión pública, a la espera de una respuesta concreta por parte del Gobierno central y de la articulación de medidas que permitan resolver este complejo asunto.
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