Mur advirtió el 20 de marzo que la medicalización de residencias anunciada por Ayuso era “irrealizable”
La gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en Madrid vuelve al centro del debate judicial y social. Carlos Mur de Víu, quien fuera director general de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020, ha confirmado ante la jueza que ya comunicó por correo electrónico al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la imposibilidad de medicalizar las residencias tal como había anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Declaraciones clave ante el juzgado
Mur compareció por videoconferencia en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, en una causa impulsada por la denuncia de Concha Quirós, cuya madre falleció en la residencia pública Manoteras durante la pandemia. El ex alto cargo confirmó que los protocolos que restringieron la derivación hospitalaria de miles de mayores ya estaban incluidos en un Plan de Acción del Gobierno regional presentado el 12 de marzo de 2020, seis días antes de la firma de dichos documentos.
Además, Mur subrayó que tanto Ruiz Escudero como Antonio Burgueño, asesor de la presidenta y autor del mencionado plan, tenían pleno conocimiento de las directrices. El exdirector general añadió que, el 20 de marzo de 2020, advirtió al consejero por correo electrónico de que la medicalización de las residencias era, en la práctica, “irrealizable”. Esta advertencia contrastaba con las declaraciones públicas de Ayuso, quien aseguró que la mayoría de residencias estaban medicalizadas, pese a que en realidad ninguna de las 475 existentes en Madrid lo estaba.
El origen de los protocolos y las responsabilidades
Durante la comparecencia, Mur insistió en que no fue el redactor de los protocolos y señaló directamente a una médica del Hospital Gregorio Marañón como autora, y a otra doctora como supervisora del texto. La jueza preguntó repetidamente cómo pudo firmar un documento que no elaboró, a lo que Mur respondió justificando su actuación en la situación “dramática” vivida en ese momento.
La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, anunció que solicitarán nuevas diligencias para incorporar el Plan de Acción al procedimiento y para citar a las dos médicas mencionadas por Mur, con el objetivo de esclarecer la cadena de responsabilidades y la autoría real de los protocolos.
La situación de las víctimas y el avance judicial
La causa se enmarca en una serie de procedimientos judiciales que, casi seis años después, siguen abiertos y avanzan lentamente. Las familias de las víctimas, representadas por plataformas como Marea de Residencias y la asociación 7.291: Verdad y Justicia, mantienen la presión para lograr una reparación y una rendición de cuentas efectiva.
Según denuncian, los correos electrónicos firmados por Mur revelan que cerca de 1.800 profesionales sanitarios fueron destinados al hospital de campaña de Ifema mientras cientos de mayores fallecían en residencias sin atención médica suficiente. “Ayuso aseguró que todas las residencias de Madrid estaban medicalizadas. No era verdad. Mintió”, afirma Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias.
Reclamos de justicia y memoria
- Concha Quirós, la denunciante principal, lleva años reclamando justicia tras la muerte de su madre, Josefa Vázquez, en la residencia Manoteras. Según su testimonio, las carencias y el aislamiento en el centro eran evidentes incluso antes de la pandemia.
- María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, señala la falta de rendición de cuentas como causa del sentimiento de impunidad. Reclama que sea la propia presidenta Ayuso quien explique por qué no había médicos en las residencias.
- Carmen Ruiz insiste en que las familias no cesarán en su empeño, a pesar de las dilaciones judiciales: “Intentan desgastarnos, pero seguimos buscando responsabilidades políticas”.
Un proceso judicial todavía abierto
El procedimiento judicial continúa con nuevas diligencias pendientes y la posibilidad de que se incorporen nuevos testimonios. Las familias esperan que la justicia aclare quiénes redactaron y aprobaron los protocolos que impidieron la derivación hospitalaria de los mayores y que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
La gestión de las residencias durante la pandemia sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la crisis sanitaria en Madrid. La investigación judicial, impulsada por las familias y sus representantes, busca desentrañar la verdad y lograr justicia para las miles de víctimas y sus allegados.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
