Mónica García utilizará «todas las herramientas» para garantizar el cumplimiento de la ley del aborto en Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de la ley del aborto en la Comunidad de Madrid y ha advertido que empleará “todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas” para asegurar que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, elabore el registro de objetores de conciencia, tal como exige la legislación vigente.
Advertencia a las autoridades madrileñas y a los “negacionistas”
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García presentó el informe Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad y aprovechó la ocasión para dirigirse no solo a Díaz Ayuso, sino también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a quienes considera responsables de desinformar o coaccionar a las mujeres. “No vamos a permitir coacciones ni vamos a desinformar a las mujeres”, señaló la ministra, dirigiéndose a “negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales”.
García fue especialmente contundente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien había manifestado que se tomaría su tiempo para responder a la solicitud del Gobierno sobre el citado registro. “La ley se cumple, punto, no hay más”, zanjó la ministra, recordando la obligatoriedad de respetar la normativa en vigor.
Compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de las mujeres
La ministra enfatizó que el Gobierno central no dudará en utilizar todos los recursos legales y administrativos necesarios para garantizar que se respete la ley. “La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla”, recalcó. Además, recordó el precedente de Alberto Ruiz Gallardón, quien, tras intentar restringir el acceso al aborto legal, se vio obligado a dimitir.
Diferencias en el acceso al aborto en la sanidad pública
El informe presentado por García revela que Madrid y Andalucía concentran el 43% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España —un 25% y un 18% respectivamente—. Sin embargo, la proporción de estos procedimientos realizados en centros públicos es mínima: apenas el 0,5% en Madrid y el 0,03% en Andalucía.
La ministra subrayó que, si ambas comunidades alcanzaran un nivel de prestación pública similar al de otras regiones como Cataluña o Baleares —donde alrededor del 50% de las IVE se realizan en hospitales públicos—, el porcentaje nacional de atención pública podría superar el 40%. “Con el cambio de dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública”, destacó García.
Conclusión
La responsable de Sanidad mantiene su postura firme ante cualquier intento de obstaculizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, insistiendo en que la ley es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. El Gobierno, por tanto, se prepara para adoptar todas las medidas necesarias que garanticen los derechos sanitarios y reproductivos de las mujeres en todo el territorio nacional.
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