Moncloa estudia el impacto judicial de incluir a la esposa y hermano de Sánchez en las listas del PSOE
El Gobierno de Pedro Sánchez analiza la posibilidad de convocar elecciones anticipadas e incluir a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, en las listas electorales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta estrategia surge en medio de la preocupación por los procesos judiciales abiertos contra ambos familiares, con el objetivo de frenar o, al menos, ralentizar su desarrollo a través del posible aforamiento que les otorgaría su inclusión como candidatos.
Evaluación de medidas ante el avance de las investigaciones
Fuentes socialistas han confirmado que asesores cercanos al presidente del Gobierno han recibido el encargo de estudiar a fondo el impacto jurídico de esta medida. La principal inquietud radica en la situación de Begoña Gómez, quien enfrenta una inminente comparecencia ante un jurado popular por delitos relacionados con corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.
La opción de adelantar las elecciones y situar a Gómez y a David Sánchez en las listas busca, por un lado, suspender temporalmente los procesos judiciales y, por otro, blindar a los familiares del presidente a través del fuero parlamentario. Este escenario refleja el clima de tensión y urgencia que se vive en La Moncloa tras los últimos avances procesales.
Contexto judicial: acusaciones y avances en la instrucción
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha comunicado formalmente que Begoña Gómez, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, serán juzgados por un jurado popular. Las imputaciones incluyen delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. El juez justifica la apertura del procedimiento por la verosimilitud de los hechos y la competencia del Tribunal del Jurado, conforme a la Ley Orgánica 5/1995.
En el auto judicial se detalla que, tras practicar numerosas diligencias, existen indicios suficientes para continuar el proceso. Además, se señala la posible relevancia de gestiones realizadas por la asesora de Gómez, quien, en su calidad de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, mantuvo un intercambio de 235 correos con la Universidad Complutense, 121 de los cuales son considerados relevantes para la investigación.
Implicaciones políticas y judiciales
- Begoña Gómez se enfrenta a cargos graves que podrían desembocar en un juicio mediático y de alta repercusión política.
- David Sánchez, ya en fase de procesamiento, podría beneficiarse de un aforamiento si resulta elegido parlamentario, lo que permitiría que su causa pase a instancias judiciales superiores.
- La inclusión de familiares en las listas del PSOE es interpretada por varios sectores como una maniobra de protección política ante la presión judicial.
Reacciones y próximos pasos
El análisis encargado por Sánchez a sus asesores coincide con una ofensiva política del Ejecutivo contra el juez instructor, al que acusan de parcialidad tras reclamar el juicio por jurado para Begoña Gómez. Mientras tanto, los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado advierten de posibles irregularidades en las actuaciones de la esposa del presidente.
En el trasfondo, se menciona que la cátedra universitaria obtenida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense —sin contar con título universitario— está bajo la lupa, especialmente por las gestiones realizadas con empresas y fundaciones como Reale Seguros, Mercadona, La Caixa, ONCE y varias cámaras de comercio. Estas actuaciones, según los investigadores, refuerzan las sospechas de delitos relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias.
Conclusión
La situación judicial de Begoña Gómez y David Sánchez coloca al Gobierno en una posición delicada, donde la estrategia política y la defensa judicial se entrelazan en medio de una creciente presión mediática y social. Las próximas decisiones de Moncloa podrían marcar un punto de inflexión en la gestión de la crisis y en el futuro político del propio presidente.
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