Más Madrid y PSOE consideran acciones legales contra la medida de PP y Vox sobre el supuesto «trauma post aborto»
Las formaciones políticas Más Madrid y PSOE están analizando la posibilidad de recurrir a los tribunales tras la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de una medida impulsada por PP y Vox que pretende informar a las mujeres sobre un inexistente «trauma post aborto» en centros de salud, servicios sociales y otros espacios municipales.
Reacciones políticas ante la polémica medida
El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha instado a la movilización social y ha calificado la iniciativa como una «aberración» y una «astracanada». Rubiño ha subrayado que acudirán a la justicia en caso de que el equipo liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida aplique la propuesta, que obliga a informar a las mujeres sobre un supuesto síndrome postaborto no reconocido por ninguna institución científica.
Rubiño también ha criticado que el Partido Popular haya respaldado la propuesta de Vox, pese a no depender de sus votos, y ha recordado que la literalidad del texto fue aprobada sin aceptar enmiendas. Según el edil, la medida contribuye a criminalizar y estigmatizar a las mujeres que acuden a los servicios municipales para tomar una decisión difícil, utilizando recursos públicos para difundir un mensaje carente de fundamento científico.
El portavoz ha hecho referencia a los obstáculos existentes en la Comunidad de Madrid para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, comparando la situación con iniciativas de otras regiones gobernadas por la ultraderecha en Europa.
El PSOE también estudia acudir a los tribunales
Óscar López, secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha expresado su intención de frenar lo que considera un intento de PP y Vox de «acosar a las mujeres que quieren o necesitan abortar». López ha asegurado que su formación no descarta ninguna vía, incluida la judicial, para impedir la entrada en vigor de la medida.
El dirigente socialista ha criticado al PP de Madrid, acusándolo de asumir los postulados de Vox y de no marcar distancia frente a la ultraderecha, lo que, en su opinión, alimenta y magnifica el discurso contrario a los derechos de las mujeres.
El Gobierno central muestra su oposición
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado al alcalde Martínez-Almeida que reconsidere la postura de su partido y retire el apoyo a la iniciativa. Redondo ha mostrado su preocupación por la deriva del PP, al que acusa de competir con la extrema derecha a costa de los derechos de las mujeres. La ministra ha recordado que la libertad sobre el propio cuerpo es un derecho fundamental y que no se puede retroceder en los logros conseguidos.
Redondo ha anunciado que su departamento estudia la posibilidad de impugnar la medida, asegurando que «la ley nos protege» y advirtiendo sobre el riesgo de banalizar una decisión compleja como la interrupción del embarazo.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que analizará la legalidad de la propuesta municipal y ha recalcado que «no existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico». García ha advertido que Sanidad valorará las consecuencias jurídicas de una medida que considera «acoso y desinformación» hacia las mujeres.
Falta de respaldo científico y críticas a la desinformación
La ministra de Sanidad ha señalado que no existe evidencia científica que respalde la relación entre el aborto y las consecuencias negativas difundidas por PP y Vox. A su juicio, se trata de una forma de violencia encubierta y un reflejo de la radicalización del discurso político en torno a los derechos de las mujeres.
García ha equiparado la medida aprobada en el Ayuntamiento de Madrid al hostigamiento que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas, recalcando que el aborto es un derecho consolidado que representa la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y la maternidad.
Contexto y próximos pasos
- La proposición aprobada por PP y Vox ha sido criticada por su falta de respaldo científico y su potencial para estigmatizar a las mujeres.
- Más Madrid y PSOE estudian acciones legales y han instado a la movilización social.
- El Gobierno central, a través de los ministerios de Igualdad y Sanidad, ha manifestado su rechazo y analiza vías para frenar la medida.
El debate sobre esta propuesta se enmarca en el contexto de la defensa de los derechos reproductivos y la preocupación por posibles retrocesos en materia de igualdad y salud pública. Las formaciones progresistas y el Gobierno central insisten en la necesidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo frente a iniciativas que, consideran, carecen de base científica y suponen un retroceso en las políticas de igualdad.
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