25 años de exhumaciones en España: más desaparecidos fuera del cementerio que dentro
El 21 de septiembre del año 2000 marcó un antes y un después en la historia de la memoria democrática en España. En Priaranza del Bierzo, León, se llevó a cabo la primera exhumación científica de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Veinticinco años después, el balance sigue siendo preocupante: más de 100.000 personas continúan desaparecidas, dispersas en aproximadamente 6.000 fosas a lo largo del país.
El inicio de un proceso histórico
Todo comenzó en un punto concreto de la provincia de León, bajo un viejo nogal en la entrada de Priaranza del Bierzo. Allí, en agosto de 1936, trece hombres fueron fusilados y arrojados a una fosa común por su vinculación con el régimen republicano y su defensa de valores democráticos. Sus cuerpos permanecieron ocultos durante cuatro décadas de dictadura y un cuarto de siglo más en democracia, sin que sus familias pudieran honrar su memoria ni conocer su destino.
Uno de ellos era Emilio Silva Faba, militante republicano y comerciante local. Tras ser arrestado, nunca volvió a ver a su familia. Su caso, silenciado por décadas y por la Ley de Amnistía de 1977 que promovió la «reconciliación nacional», se convirtió en símbolo de la lucha por la memoria histórica.
La exhumación que abrió el camino
El 21 de octubre de 2000, familiares de Emilio Silva participaron en la exhumación de la fosa de Priaranza, acompañados por arqueólogos, forenses y representantes municipales. No solo se recuperaron los cuerpos de los trece republicanos, sino que nueve de ellos pudieron ser identificados mediante pruebas de ADN, permitiendo finalmente a sus familias darles sepultura digna.
Este proceso marcó el inicio de una nueva etapa en la recuperación de la memoria histórica en España. Según Iván Aparicio, presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad, aunque hubo exhumaciones anteriores, ninguna tuvo el rigor científico ni el impacto social de la de Priaranza. A partir de entonces, la apertura de fosas se extendió por otras provincias como Ávila, Burgos, Granada, Cádiz o Albacete, impulsando el movimiento memorialista contemporáneo y la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Un avance desigual y con obstáculos
A pesar de los logros alcanzados, la situación actual sigue siendo insatisfactoria. Miles de desaparecidos continúan en cunetas, huertos y parajes de todo el país. Emilio Silva, presidente de la ARMH, destaca que muchas familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos o carecen de los medios para localizarlos y exhumarlos. “Es intolerable que esto ocurra en una democracia”, denuncia.
Las asociaciones memorialistas reclaman un marco legal más ambicioso, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. Aunque se han dado pasos en el reconocimiento de víctimas y lugares de memoria, la retirada de símbolos franquistas y el apoyo económico a las exhumaciones, los recursos siguen resultando insuficientes para afrontar el volumen de fosas pendientes y, sobre todo, para identificar genéticamente a todas las víctimas.
El papel del Estado y el reto del tiempo
Iván Aparicio subraya que la responsabilidad de las exhumaciones no debe recaer únicamente en las asociaciones civiles. Propone que el Estado asuma un papel central, por ejemplo, mediante la creación de equipos arqueológicos especializados dentro de organismos públicos como la UME, siguiendo modelos como el implementado en Bosnia.
El paso del tiempo es uno de los mayores enemigos. Tina Merino, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Baix Llobregat y de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena, advierte que cada vez quedan menos testigos directos que puedan aportar información para localizar fosas y víctimas. Sin acciones urgentes, pronto será imposible realizar muchas identificaciones genéticas.
El banco de ADN y la urgencia de identificar
Uno de los principales reclamos de las asociaciones es la puesta en marcha de un banco de ADN nacional, un proyecto que el Ministerio de Memoria Democrática tiene pendiente desde 2023. Este banco permitiría recoger muestras de familiares y compararlas con los restos exhumados. Hasta la fecha, los avances son limitados: en el último plan cuatrienal se han recuperado cerca de 8.900 desaparecidos, pero solo 70 han sido identificados.
- Creación urgente de un banco de ADN nacional.
- Colaboración entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio de Memoria Democrática.
- Impulso estatal a las labores de exhumación e identificación.
La memoria en la educación y atención a las víctimas
El ámbito educativo es otro frente abierto. Las asociaciones reclaman que la historia reciente de España sea una asignatura específica en los colegios, y no un capítulo menor dentro del temario. Mientras tanto, iniciativas como talleres y escuelas de memoria, impulsadas por historiadores y familiares, intentan llenar ese vacío.
Finalmente, se solicita la creación de una oficina de atención a las víctimas de la dictadura, para que reciban el reconocimiento y apoyo que merecen. “Sin memoria, justicia y reparación no puede haber democracia”, concluyen desde la ARMH.
Conclusión
Veinticinco años después de la primera exhumación científica en España, la lucha por la recuperación de la memoria histórica continúa siendo una tarea pendiente. Las asociaciones y familiares insisten en la urgencia de acelerar los procesos de exhumación e identificación, garantizar la implicación del Estado y asegurar que la memoria de las víctimas sea preservada y transmitida a las futuras generaciones.
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