Mark Bray advierte sobre el peligro de equiparar la protesta con el terrorismo
El investigador y autor estadounidense Mark Bray ha alertado recientemente sobre los riesgos que implica la tendencia de la ultraderecha a igualar las protestas sociales con actos de terrorismo. Según Bray, este enfoque supone una amenaza grave para los derechos civiles y las libertades democráticas, al criminalizar la disidencia y restringir el espacio de la protesta legítima.
El auge de la criminalización de la protesta
En declaraciones recogidas en Madrid, Bray subrayó que movimientos ultraderechistas, tanto en Europa como en otros continentes, están impulsando narrativas que buscan asociar la acción colectiva y la movilización social con amenazas a la seguridad nacional. El experto sostiene que esta equiparación “es muy peligrosa”, ya que puede derivar en legislaciones restrictivas y en un endurecimiento de la respuesta policial ante manifestaciones ciudadanas.
Esta estrategia, advierte Bray, no solo afecta a quienes participan activamente en protestas, sino que también tiene un impacto disuasorio sobre toda la sociedad, al sembrar el miedo y desalentar la participación en la vida pública.
Implicaciones para la democracia
El mensaje de Bray cobra especial relevancia en un contexto internacional donde se observa un aumento en las restricciones al derecho de reunión y manifestación. Numerosos países han adoptado leyes que amplían los conceptos de terrorismo y desorden público, facilitando así la persecución y el castigo de la protesta social.
- Restricción de derechos: La equiparación entre protesta y terrorismo puede limitar el derecho a la libertad de expresión y reunión.
- Instrumentalización política: Gobiernos y sectores políticos utilizan esta narrativa para deslegitimar a opositores y movimientos sociales.
- Impacto social: El temor a represalias legales o policiales puede reducir la movilización ciudadana y debilitar la sociedad civil.
Un llamamiento a la defensa de las libertades
Mark Bray insta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las instituciones democráticas a mantenerse vigilantes frente a estos intentos de criminalización de la protesta. “Defender el derecho a la protesta es defender la democracia”, concluye el investigador, recordando que la protesta social ha sido históricamente una herramienta fundamental para el avance de los derechos y las libertades.
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