Gobiernos de Ayuso y Moreno Bonilla pagaron al menos 192.000 euros a la trama societaria de Julio Martínez
Un informe reciente de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha sacado a la luz que tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía realizaron importantes pagos a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la documentación incorporada al sumario del caso Plus Ultra, ambos gobiernos habrían abonado un total de 192.000 euros a empresas controladas por Martínez.
Pagos realizados por la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía
La investigación detalla que Madrid Digital, entidad dependiente de la administración madrileña, desembolsó en 2023 la cantidad de 96.753,02 euros y, en 2024, otros 32.436 euros, sumando en total 129.189,68 euros en pagos a sociedades relacionadas con Martínez. Adicionalmente, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid figura como cliente con un abono de 50.106,48 euros realizado en el año 2023.
Por su parte, la Junta de Andalucía aparece en el informe como pagadora de un total de 62.307 euros entre los años 2020 y 2024. El NIF consignado en la documentación corresponde a la Escuela de Arte de Jerez, lo que confirma la relación contractual con el entramado empresarial investigado.
Antecedentes y adjudicaciones en la Comunidad de Madrid
No es la primera vez que la Comunidad de Madrid mantiene relaciones contractuales con empresas bajo investigación judicial. En ocasiones previas, el Gobierno madrileño adjudicó parte de las obras de renovación de la Línea 1 del Metro de Madrid a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Aldesa Construcciones SA, su filial Coalvi y la ourensana Extraco, agrupación conocida como UTE Valdecarros.
La licitación, publicada el 10 de febrero de 2023, contemplaba dos lotes y un importe inicial de 15,75 millones de euros con IVA para la renovación integral del tramo Atocha-Valdecarros. No obstante, el coste final ascendió a 19 millones de euros tras dos modificaciones contractuales. Las obras, que debían concluir en febrero de 2024, se retrasaron hasta el 31 de octubre de ese año debido a tres ampliaciones de plazo, aunque los documentos oficiales indican que las prórrogas no fueron atribuibles a las empresas adjudicatarias.
- La UTE Valdecarros se impuso en el concurso frente a otras dos agrupaciones empresariales: una formada por Contratas y Ventas SA y Comsa SAU, y otra por Seranco SA y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria SA.
- En el reparto accionarial de la UTE, Aldesa Construcciones SA ostentaba un 35%, su filial Coalvi un 30% y Extraco el 35% restante. De este modo, el Grupo Aldesa se quedó con el 65% del total del contrato.
Vínculos empresariales y presunta trama de influencias
El Grupo Aldesa, recurrente en las investigaciones judiciales, aparece mencionado hasta en 21 ocasiones en el auto del juez de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias en la que estaría implicado José Luis Rodríguez Zapatero. La finalidad de esta estructura, según el juez, sería la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y la influencia ante organismos públicos, principalmente a favor de la compañía Plus Ultra.
La investigación continúa en curso y se prevé que nuevos datos salgan a la luz en las próximas semanas, arrojando más detalles sobre los vínculos entre administraciones públicas y las sociedades investigadas.
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