La Comunidad de Madrid recurre ante el Supremo el decreto estatal que regula las universidades privadas
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central que regula la creación y funcionamiento de universidades privadas. La administración regional sostiene que la normativa estatal vulnera competencias autonómicas y establece criterios que considera arbitrarios para la autorización de nuevos centros universitarios.
Motivos del recurso presentado por Madrid
Según la posición defendida por el Gobierno madrileño, el Real Decreto 905/2025 limita de forma injustificada la libertad de empresa y la capacidad de crear centros educativos, derechos reconocidos en la Constitución Española. Además, la Comunidad de Madrid argumenta que la normativa se ha elaborado sin consenso y que invade el ámbito de actuación de las comunidades autónomas en materia educativa.
El Consejo de Gobierno madrileño prevé analizar en su próxima reunión un informe detallado sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General de la Comunidad en defensa de sus competencias educativas.
El objetivo de la normativa estatal
El Real Decreto aprobado por el Gobierno central surge con la intención de frenar la proliferación de universidades privadas, un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas y que, según el presidente Pedro Sánchez, responde a una estrategia de algunos gobiernos autonómicos para debilitar el sistema universitario público. La norma busca reforzar los mecanismos de control y supervisión para garantizar la calidad en docencia, investigación y solvencia económica de todas las universidades en el país.
Entre otras medidas, el decreto establece nuevos requisitos para la creación de centros universitarios, como la obligación de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes, con el objetivo de evitar la aparición de instituciones que no alcancen los estándares de calidad exigidos.
Críticas de la Comunidad de Madrid a la nueva regulación
Desde el Ejecutivo regional se cuestionan varios aspectos del nuevo marco legal. En su recurso, Madrid sostiene que el artículo 27 de la Constitución otorga a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar la legislación educativa en todos sus niveles, mientras que el Estado debe limitarse a fijar la normativa básica. Según su interpretación, la nueva norma estatal reduce de forma significativa el margen de maniobra de las comunidades para regular la creación y supervisión de universidades.
- Consideran «arbitrarios» los requisitos impuestos, como el umbral mínimo de alumnado exigido.
- Acusan al Gobierno central de falta de transparencia y de no haber contado con la participación de las comunidades autónomas en la elaboración del decreto.
- Defienden que la Comunidad de Madrid ya aplica controles rigurosos para aprobar nuevos proyectos universitarios.
El Gobierno madrileño asegura que el procedimiento vigente para la aprobación de nuevas universidades y centros universitarios en la región establece controles estrictos que garantizan la excelencia académica y organizativa de los proyectos autorizados.
Además, la Consejería de Educación está preparando una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que, según la administración autonómica, incorporará mejoras en los trámites de autorización y supervisión, siempre dentro del marco de competencias regionales.
Contexto y próximos pasos
La controversia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas en torno a la regulación de las universidades privadas pone de manifiesto la tensión existente sobre el reparto de competencias en materia educativa en España. El pronunciamiento del Tribunal Supremo será clave para determinar los límites de actuación de cada administración en el modelo universitario.
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