El expresidente de Bolivia Luis Arce ingresa en prisión preventiva por presunta corrupción
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado este viernes al penal de San Pedro en La Paz para cumplir una medida de detención preventiva de cinco meses, tras ser imputado por supuestos delitos de corrupción vinculados a la gestión de fondos para proyectos indígenas durante su etapa como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
Traslado bajo fuerte resguardo policial
Arce, quien presidió Bolivia entre 2020 y 2025, fue conducido desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde permanecía detenido desde el miércoles. El operativo, que contó con un importante dispositivo policial, culminó con su ingreso al centro penitenciario de San Pedro, ubicado cerca del casco histórico de La Paz, en un vehículo con vidrios polarizados para evitar la exposición mediática.
A su llegada al penal, el exmandatario se dirigió brevemente a los medios de comunicación, afirmando: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”.
Decisión judicial y condiciones de la detención
La medida de detención preventiva fue dispuesta por el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien estableció que Arce deberá permanecer en la cárcel durante cinco meses mientras avanza la investigación en su contra. El magistrado aclaró que el expresidente podrá solicitar en cualquier momento una salida judicial por razones médicas y exigió a la Dirección de Régimen Penitenciario garantizar su seguridad física, ubicándolo en un área distinta a la población sentenciada del penal.
La resolución judicial fue tomada tras una audiencia cautelar virtual de más de seis horas, en la que se valoró que Arce no logró desvirtuar completamente el riesgo de obstaculización del proceso, a pesar de presentar garantías laborales y demostrar residencia estable en La Paz.
Declaraciones de Arce y acusaciones políticas
Durante la audiencia, Luis Arce se declaró “absolutamente inocente” y calificó su detención como una maniobra política. Según el exmandatario, el gobierno actual, encabezado por Rodrigo Paz, estaría utilizando su caso como “chivo expiatorio” para desviar la atención de los problemas nacionales.
Arce también denunció que su arresto, ocurrido dos días antes, fue irregular. Relató que fue interceptado por individuos encapuchados en una zona céntrica de La Paz, quienes lo trasladaron en dos vehículos y, al momento de la detención, no le mostraron la orden judicial correspondiente pese a su insistencia.
Cargos y contexto de la investigación
El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”. Según la Fiscalía, en su calidad de ministro de Economía, el exmandatario habría autorizado desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para la ejecución de proyectos que, en su mayoría, no se realizaron o solo se completaron parcialmente.
- La investigación abarca más de 3.500 proyectos financiados por el Ministerio de Economía.
- Menos de la mitad de estos proyectos fueron concluidos exitosamente, de acuerdo con el reporte fiscal.
- Se identificaron transferencias a cuentas personales de dirigentes indígenas y campesinos, lo que elevó las sospechas sobre el uso de los fondos.
En su defensa, Arce argumentó que, como ministro, no participó en las reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó a un representante de su cartera, y que dicha instancia estaba conformada también por delegados de otros ministerios e instituciones.
Actividad tras la Presidencia
Desde que dejó el cargo el 8 de noviembre, Luis Arce se dedicó a la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde imparte clases de economía, actividad que continuó desarrollando durante su mandato presidencial.
Perspectivas y reacciones
El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública boliviana, con sectores que consideran la detención como una persecución política, mientras que otros reclaman una investigación exhaustiva sobre el manejo de fondos públicos durante la gestión de Arce. El proceso judicial continuará en los próximos meses, bajo la atención de organismos nacionales e internacionales.
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