El avance de los hospitales privados integrados en la sanidad pública supera el 36% en la última década
El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España. El documento revela un notable incremento en la presencia de hospitales privados dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante los últimos diez años.
Aumento sostenido de la integración privada en el SNS
Según los datos expuestos en el informe, el número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado un 36,8% desde 2011, pasando de 106 centros en ese año a 145 en 2023. Actualmente, el 30,7% de los hospitales que operan bajo el paraguas del SNS tienen dependencia funcional privada, evidenciando una tendencia hacia la consolidación de este modelo de colaboración.
El Ministerio subraya que esta colaboración, que en sus inicios tenía un carácter excepcional, se ha transformado en una práctica estructural. Esto implica, según advierten, el desvío progresivo de fondos públicos hacia empresas cuyo objetivo principal es el beneficio económico, en lugar del interés general.
Más camas y quirófanos bajo gestión privada
El estudio también destaca el aumento en la proporción de recursos operativos gestionados por centros privados dentro del SNS. Entre 2011 y 2023, la proporción de camas operativas en hospitales de gestión privada dentro del SNS creció del 13,7% al 17,8%. En el caso de los quirófanos, el porcentaje ascendió del 8% al 10,7% en el mismo periodo. Este fenómeno se observa con especial intensidad en comunidades como Cataluña y Navarra, donde la red privada constituye una parte relevante de la infraestructura sanitaria.
Financiación pública y uso de servicios privados
En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros privados no pertenecientes formalmente al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Además, alrededor del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación pública.
Pese a la transferencia de recursos, el informe señala que “este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas ni en eficiencia ni en resultados de salud”. A su vez, advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada, en términos de planificación y control del sistema sanitario.
Distribución de la atención y procedimientos complejos
En cuanto a los diagnósticos más frecuentes, como traumatismos, infecciones respiratorias agudas o tratamientos oncológicos, entre el 70% y el 80% de los contactos registrados en 2023 se atendieron en hospitales públicos del SNS.
En procedimientos asistenciales de alto coste y complejidad —como trasplantes, atención a neonatos con bajo peso o intervenciones que requieren soporte vital avanzado— la cobertura por parte de hospitales públicos supera el 95% en la mayoría de los casos.
Crecimiento del seguro médico privado
El informe también refleja el notable aumento del aseguramiento privado en España. En 2024, el 32,6% de la población contaba con un seguro médico privado, casi el doble respecto al 17,2% registrado en 2018. El crecimiento ha sido especialmente acusado en regiones como Extremadura (296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).
Recomendaciones y acciones del Ministerio
El documento concluye que, aunque el sistema público sigue siendo el principal garante del derecho a la salud, la tendencia actual debilita los principios fundamentales del SNS. Entre las recomendaciones formuladas destacan:
- Reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos.
- Exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos relevantes.
- Promover la gestión pública directa como opción preferente para la prestación de servicios sanitarios, con el objetivo de mejorar los resultados en salud y asegurar un control eficaz de los recursos públicos.
De manera paralela, la ministra Mónica García ha anunciado la solicitud de información detallada sobre la gestión de los hospitales del grupo Quirón en Madrid y el hospital de Torrejón, gestionado por el grupo Ribera. Esta petición incluye documentación relacionada con investigaciones internas, auditorías económicas, actas de comisiones mixtas y denuncias de directivos cesados, tras la aparición de diversas informaciones sobre la gestión de estos centros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra García subrayó la necesidad de una legislación que “proteja y blinde lo público”, destacando la intención del Ministerio de trabajar en una nueva ley de gestión pública que derogue la vigente ley 15/97, con el objetivo de preservar el carácter público y universal del sistema sanitario español.
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