Los archivos secretos del franquismo: cómo Franco fabricó pruebas contra sus enemigos

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Los archivos de Franco al descubierto: de la incautación a la fabricación de documentos contra el enemigo ‘rojo’

La reciente publicación del libro Papeles que atrapan, del historiador Alejandro Pérez-Olivares, arroja nueva luz sobre el complejo entramado archivístico del franquismo. Esta obra es pionera en analizar el vínculo entre la creación de archivos político-sociales y la posterior labor de control policial en la España de Franco, incluso antes de la finalización de la Guerra Civil.

El archivo como herramienta de control y persecución

Desde el inicio de la contienda, el régimen franquista comprendió que la incautación y gestión de documentos era fundamental para identificar y perseguir a sus adversarios políticos. Según Pérez-Olivares, era imprescindible confiscar la documentación de instituciones republicanas, partidos de izquierdas y sindicatos, con el fin de rastrear antecedentes y definir los márgenes de la ilegalidad. Esta estrategia permitía transformar la información obtenida en instrumentos para la represión.

El nacimiento de la maquinaria archivística franquista puede situarse el 7 de mayo de 1937, cuando se envió desde Salamanca una comunicación bajo el membrete «Estado Español. Secretaría General de Su Excelencia el jefe del Estado». Este escrito anunciaba la creación de la Oficina de Información y Propaganda Anticomunista (OIPA), origen del Archivo Documental de la Cruzada. Su misión: recoger, analizar y catalogar todo el material propagandístico empleado por el comunismo y sus organizaciones afines en España.

Objetivos y funciones del Archivo Documental de la Cruzada

El Archivo Documental de la Cruzada se enfocó en tres grandes enemigos: el comunismo, la masonería y el judaísmo. Su naturaleza era eminentemente policial y multifuncional. No solo pretendía incautar documentos del adversario, sino también formar a los funcionarios del nuevo Estado y establecer puentes con otras experiencias autoritarias contemporáneas en Europa.

De este modo, Franco buscaba situar a España como vanguardia de la lucha contra el llamado «contubernio judío-masónico-comunista». Las primeras incautaciones se dirigieron a las logias masónicas y, posteriormente, al movimiento obrero y sus organizaciones.

La sistematización de la represión a través de los archivos

A medida que las tropas sublevadas ocupaban ciudades, una de las prioridades era la confiscación de archivos en sedes de partidos y sindicatos. Estos documentos eran reorganizados y reclasificados con criterios policiales, permitiendo definir conductas delictivas y establecer culpables que serían posteriormente perseguidos.

La investigación de Pérez-Olivares destaca cómo el rumor, incluso sin pruebas fehacientes, se convirtió en una fuente válida de información para las autoridades franquistas. El rumor pasaba de ser un simple comentario a convertirse en documento, y de ahí a ser prueba en los procedimientos judiciales del régimen.

El control total de la vida cotidiana

El régimen franquista pretendió ejercer control sobre todos los aspectos de la vida diaria. La creación de archivos centralizados, como el de Salamanca o el de la Dirección General de Seguridad (DGS), ejemplifica la escala de este poder. La colaboración de la población, muchas veces motivada por la amenaza o el temor, también fue clave en este sistema de vigilancia.

La alianza entre el aparato policial y la estructura archivística fue sólida desde el inicio. Policías acudían al Archivo de Salamanca para formarse, destacando la figura del agente Eduardo Comín Colomer, quien desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de estas políticas de colaboración en los primeros años de la dictadura.

La evolución de los métodos policiales y archivísticos

Posteriormente, la Dirección General de Seguridad adoptó estos métodos, comprendiendo la eficacia de la incautación, reclasificación y uso punitivo de documentos, en colaboración continua con la justicia militar. Allí donde no llegaban los informes de la Guardia Civil o de Falange, la documentación recopilada por la policía servía para definir y perseguir nuevas conductas consideradas delictivas por la dictadura.

Un modelo inspirado en otras dictaduras europeas

El sistema de archivos franquista no fue una novedad absoluta. Durante la época de entreguerras, regímenes como la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión Soviética también desarrollaron complejos sistemas de documentación y control de las poblaciones consideradas enemigas. En España, este aparato se desplegó especialmente a partir de 1937 en grandes ciudades, donde la identificación del enemigo requería herramientas más sofisticadas que el mero señalamiento local.

Archivos y control sobre el exilio

El franquismo también utilizó los archivos para vigilar a los exiliados republicanos y controlar sus posibles retornos tras la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los años cuarenta, con el fin del régimen nazi y la liberación de Francia por parte de los aliados, muchos exiliados españoles solicitaron regresar. El régimen clasificó a estas personas según sus antecedentes políticos archivados, permitiendo o denegando su retorno en función de esos criterios.

Casos como el del coronel Vicente Rojo, que logró regresar en 1957, o el de la escritora Luisa Carnés, a quien se le negó la vuelta por su activismo y compromiso con la izquierda, ilustran el alcance de este control documental. Carnés falleció en el exilio mexicano en 1964.

Un cambio de paradigma en la lectura de los archivos

La investigación de Pérez-Olivares, sustentada en años de trabajo sobre fondos como el Archivo de Salamanca, el Archivo Militar de Ávila, el Archivo del Ministerio del Interior y el Archivo Histórico Nacional, pone el foco en la necesidad de entender los archivos no solo como reflejo del pasado, sino como instrumentos con una intencionalidad política clara.

El historiador sostiene que las democracias actuales deben trascender la visión tradicional del archivo como simple fuente de conocimiento histórico y convertirlos en herramientas activas de memoria, reparación simbólica y transparencia para identificar a los responsables de la represión.

El acceso a los archivos, una asignatura aún pendiente

A pesar de los avances en transparencia, persisten obstáculos en el acceso a algunos archivos clave para comprender la represión franquista. Pérez-Olivares subraya que, mientras archivos del Ministerio de Defensa han comenzado a abrirse, sigue siendo muy limitada la consulta de los fondos policiales, especialmente los de la Dirección General de Seguridad, lo que representa una anomalía en el tratamiento del legado de la dictadura.

  • El archivo fue utilizado como herramienta de represión y control social.
  • El acceso a ciertos fondos documentales sigue restringido, dificultando la investigación histórica.
  • La democratización de los archivos es vista como un paso esencial para la reparación y la transparencia.

Los archivos, entre la memoria y la justicia

El debate sobre el papel de los archivos trasciende el caso español y se encuentra presente en otros países con pasados traumáticos similares, como Argentina o Países Bajos. Su potencial como lugares de memoria y mecanismos de reparación simbólica sigue siendo un tema central en las sociedades que buscan afrontar los legados de la represión.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, la gestión y apertura de los archivos históricos continúa siendo un desafío clave para la democracia y la memoria colectiva en España.

Nota:

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