Leire Díez declara ante el juez por su presunto plan delictivo contra la UCO y Anticorrupción
El caso que involucra a la exmilitante socialista Leire Díez ha adquirido gran relevancia nacional por las dudas sobre si actuaba en solitario o por encargo de la dirección del PSOE, encabezada entonces por Santos Cerdán. Este lunes, Díez comparece ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, enfrentando acusaciones por tráfico de influencias y cohecho en el marco de supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Investigación judicial y origen del caso
El juez Arturo Zamarriego considera a Leire Díez como principal responsable de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto a Javier Pérez Dolset, empresario, y Pere Rusiñol, periodista. Según el auto judicial, los investigados intentaron obtener información comprometida o irregular de responsables de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales. El objetivo: anular o desacreditar las investigaciones en curso sobre casos que afectan a políticos y empresarios de interés para los acusados.
La investigación se inició tras la publicación de audios por parte de El Confidencial, grabados en el despacho del abogado Jacobo Teijelo. En dichos audios, Leire Díez ofrece supuestos acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional en la trama de hidrocarburos, a cambio de información sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, y sobre investigaciones que afectan a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.
Audios comprometedores y presuntos sobornos
En las conversaciones grabadas, Javier Pérez Dolset también identifica como objetivos prioritarios al fiscal Anticorrupción José Grinda y a Juan Vicente Bonilla, exmiembro de la UCO y actual gerente de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Los audios muestran una estrategia planificada para desacreditar a estos funcionarios y desbaratar el entramado de investigaciones oficiales.
- José Grinda denunció haber recibido de Pere Rusiñol una oferta de traslado y la retirada de una demanda, a cambio de información comprometedora sobre su superior.
- Pere Rusiñol negó haber participado en el intento de soborno y se acogió al secreto profesional.
- El fiscal Ignacio Stampa aportó grabaciones de reuniones y conversaciones telefónicas con Díez y Dolset, donde se discutían gestiones en favor de Stampa y la posibilidad de facilitar su retorno a la Fiscalía Anticorrupción.
El papel de Leire Díez y las dudas sobre un posible encargo político
Uno de los elementos centrales de la investigación es determinar si Leire Díez actuaba por iniciativa propia o si seguía instrucciones de la dirección del PSOE. Aunque la exmilitante socialista ha negado vínculos con el Gobierno o el partido durante este periodo, en los audios entregados al juez se presenta como la «mano derecha» de Santos Cerdán y asegura que fue designada para investigar posibles irregularidades en la Fiscalía y la UCO.
Leire Díez ha intentado justificar sus actuaciones bajo la coartada de un trabajo periodístico para la elaboración de un libro de investigación. Sin embargo, los audios aportados por la Fiscalía desmontan esta versión, ya que ella misma reconoce no ejercer el periodismo en los últimos años.
Reacciones políticas y judiciales
Las alusiones a un supuesto mandato de Ferraz han sido rechazadas tanto por el PSOE como por el Ejecutivo, pero continúan siendo una de las principales incógnitas del caso. El fiscal encargado, Juan Pablo Nieto, subraya en el sumario la existencia de una conexión entre Díez, Dolset y Rusiñol, destinada a manipular procedimientos judiciales que afectan tanto a políticos como a empresarios, siempre con el fin de desacreditar a la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
Entre los indicios recogidos sobresalen las referencias a que altos cargos, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el fiscal general del Estado, serían informados de los movimientos, aunque no existen pruebas de que esto ocurriera.
Perspectivas y próximas diligencias
El desarrollo de la investigación judicial se centrará ahora en aclarar si existió realmente una estrategia orquestada desde la cúpula socialista para interferir en las investigaciones oficiales, o si los implicados actuaron de forma autónoma. La declaración de Leire Díez ante el juez será clave para esclarecer estas cuestiones y dilucidar las responsabilidades en uno de los casos más delicados que afectan en la actualidad a la relación entre política y justicia en España.
La resolución de este proceso podría tener importantes repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial, especialmente por el impacto que puede tener en la percepción pública sobre la independencia de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.
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