La UPF solicita la intervención de la ONU ante presuntas irregularidades en el caso contra García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado la intervención de Naciones Unidas tras denunciar una serie de irregularidades en el procedimiento penal seguido contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, condenado recientemente por el Tribunal Supremo por la revelación de datos reservados. La asociación ha remitido un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que expone las preocupaciones sobre el impacto de este caso en el funcionamiento de la justicia española.
Denuncia de irregularidades estructurales
En su comunicación, la UPF califica de “paso excepcional” la decisión de acudir a Naciones Unidas, argumentando que nunca antes había sido necesario en democracia. Según el colectivo, el caso no solo pone en cuestión los derechos del propio García Ortiz, sino que también “afecta al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”.
La asociación insiste en que los hechos observados no constituyen simples discrepancias jurídicas, sino que representan “anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional propio de un Estado de Derecho”.
Principales puntos de preocupación
- Concentración de funciones: La UPF denuncia la acumulación de funciones decisivas en un reducido grupo de magistrados, quienes participaron en todas las fases clave del proceso: desde la admisión de las querellas y la valoración inicial de los indicios, hasta el control de la instrucción, la revisión de decisiones y el propio enjuiciamiento.
- Retraso y falta de motivación en la sentencia: Los fiscales critican que la condena contra García Ortiz se conociera durante semanas sin que se publicaran los fundamentos jurídicos, lo que, según la UPF, afecta al derecho de defensa, la transparencia y la confianza social en las instituciones.
- Medidas de instrucción invasivas: La entrada y registro en la Fiscalía General del Estado supuso el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo de 48 horas. Parte de la información incautada fue filtrada posteriormente a la prensa, sin que se haya investigado el origen de dichas filtraciones.
- Comportamientos públicos impropios: La UPF señala intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad de los magistrados y destaca la existencia de vínculos académicos recientes entre jueces y abogados acusadores.
- Participación en cursos remunerados: Durante el periodo de deliberación del tribunal, algunos magistrados participaron en una formación remunerada organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz.
Solicitudes a Naciones Unidas
En su escrito, la UPF solicita a la relatora de la ONU que analice si los hechos comprometen la independencia judicial, que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere realizar una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional de este caso.
Defensa de la justicia española
La asociación de fiscales aclara que su objetivo no es desacreditar a la justicia del país, sino contribuir a su fortalecimiento. “Un Poder Judicial fuerte es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad”, subrayan en su comunicado.
Cabe recordar que Álvaro García Ortiz fue presidente de la UPF, y la asociación se ha mostrado especialmente crítica con la sentencia del Supremo, reclamando que se publique íntegramente el fallo para garantizar la transparencia del proceso.
Preocupación por la confianza en la justicia
Tras conocerse la condena, el presidente de la UPF, Félix Martín, manifestó que el Tribunal Supremo “ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia”. La asociación insiste en la necesidad de que se aclaren las circunstancias y fundamentos jurídicos de la sentencia para restablecer la confianza pública.
Este caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la transparencia en los procesos judiciales en España, situando a la justicia española bajo el escrutinio internacional.
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