La UPF lidera una campaña para solicitar el indulto de García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una recogida de firmas con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez conceda el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta iniciativa busca movilizar a la ciudadanía y ejercer presión sobre el Ejecutivo para revertir la condena impuesta por el Tribunal Supremo.
Condena por revelación de secretos
Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y a una multa de doce meses por un delito de revelación de secretos. El caso está relacionado con la filtración de información que afectaba a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, figura relevante de la oposición política. Cabe destacar que tanto García Ortiz como la actual fiscal general, Teresa Peramato, son miembros de la UPF, asociación que ha impulsado la iniciativa.
Argumentos en favor del indulto
Desde la UPF se sostiene que el indulto solicitado “no es un privilegio, sino una necesidad democrática”. La organización ha habilitado una petición en la plataforma Change.org, abierta a toda la ciudadanía, para recoger apoyos a favor de García Ortiz. Según el texto difundido por la UPF, la medida de gracia sería “un acto de respeto institucional y confianza en España”, e insisten en que la solicitud se realiza desde la perspectiva de ciudadanos y profesionales que creen en la justicia y la humanidad.
La UPF subraya que conceder el indulto no supondría anular la sentencia del Supremo ni cuestionar la decisión del Alto Tribunal, sino que se trataría de “un asunto de justicia, independiente de cuestiones ideológicas o políticas”.
Respaldo jurídico y discrepancias internas
La petición de la UPF se apoya en los votos particulares de dos de los siete magistrados que juzgaron a García Ortiz. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo expresaron en su voto particular que la sentencia mayoritaria se basó en “sospechas” y en una interpretación perjudicial para García Ortiz, apoyándose principalmente en testimonios de periodistas, a diferencia de la mayoría, que se sustentó en declaraciones de otros implicados, como la fiscal Almudena Lastra.
El alcance de la condena y las críticas
La explicación difundida por la UPF, y apoyada por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), sostiene que García Ortiz fue condenado por la emisión de una nota informativa con la finalidad de frenar un bulo que afectaba al funcionamiento de una institución constitucional. Sin embargo, se omite que la condena también responde a que García Ortiz fue la primera persona en filtrar datos sobre el estado de la negociación entre González Amador y la Fiscalía, hecho confirmado posteriormente en la nota de prensa oficial.
Desde la UPF se subraya: “Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general”. El colectivo mantiene la defensa de la inocencia de García Ortiz y respalda públicamente el llamamiento de la AEDIDH para solicitar el indulto.
Movilización ciudadana y repercusión en redes
La UPF ha utilizado sus canales oficiales en redes sociales para intensificar la campaña, llamando directamente a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa. Aunque la publicación en la red X (anteriormente Twitter) alcanzó 60.000 visualizaciones en apenas cuatro horas, la recogida de firmas en la plataforma aún registra poco más de 1.200 apoyos.
- La UPF considera el indulto como una medida imprescindible para la salud democrática.
- El debate sobre la condena incluye posiciones divergentes entre los magistrados del Supremo.
- La petición permanece abierta a la participación ciudadana a través de Change.org.
La campaña de la UPF pone de manifiesto la división existente en torno al caso de García Ortiz y abre un nuevo debate sobre los límites de la actuación institucional y la transparencia en la justicia española.
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