La UCO solicita a Hacienda investigar las cuentas bancarias de la esposa y la hermana de Santos Cerdán
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que requiera a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre la situación fiscal y bancaria de varias personas del entorno cercano de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Entre las personas investigadas se encuentran Francisca Muñoz y Belén Cerdán, esposa y hermana respectivamente del citado exdirigente socialista.
Extensión de la investigación a colaboradores y familiares
La solicitud de la UCO también abarca a Karmele Atutxa, esposa de Antxon Alonso, quien ostenta el 51% de la empresa Servinabar. Según las pesquisas, Santos Cerdán podría tener una participación del 45% en dicha compañía. La petición responde a la presunta implicación de estos individuos en el reparto y gestión de fondos procedentes de contratos de obras públicas adjudicados a Servinabar en colaboración con Acciona.
El informe de la UCO señala que tanto Cerdán como su entorno familiar “habrían resultado beneficiarios” de parte del dinero obtenido por Servinabar en su relación comercial con Acciona. Por ello, se considera fundamental seguir la huella de estos fondos para esclarecer el destino y uso de los mismos.
Datos bancarios y fiscales bajo la lupa
La petición de nuevas diligencias incluye la solicitud de datos fiscales y bancarios no solo de los mencionados familiares, sino también de antiguos directivos de Acciona, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, así como de las cooperativas Noran y Erkolan. Estas últimas contrataron a Francisca Muñoz y Belén Cerdán en diferentes periodos.
- Francisca Muñoz recibió 9.500 euros en nómina de Noran entre marzo y julio de 2018, cuyos ingresos principales provenían de Servinabar.
- Belén Cerdán percibió directamente de Servinabar 22.324,51 euros entre febrero y junio de 2020 y fue contratada por Erkolan hasta mayo de 2025, siendo esta contratación sufragada por Servinabar mediante una transferencia de 367.290,43 euros.
En el caso de Karmele Atutxa, el informe detalla que Antxon Alonso recibió 404.600 euros en concepto de nómina de Servinabar entre 2016 y 2025, transfiriéndole posteriormente a su esposa 420.850 euros en operaciones sucesivas y por los mismos importes.
Ampliación de la investigación a más implicados
La UCO argumenta que, para mantener la trazabilidad de los fondos procedentes de Acciona y canalizados a través de Servinabar, es imprescindible ampliar la recopilación de información fiscal y bancaria a nuevos intervinientes, incluyendo a otros trabajadores de Acciona Construcción.
Período y alcance de la solicitud
La solicitud abarca el periodo comprendido entre los años 2014 y 2024. La UCO requiere que se incluyan al menos los siguientes datos:
- Información sobre cuentas bancarias donde los investigados figuren como titulares, autorizados o bajo cualquier otra figura.
- Detalle de imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo.
- Datos sobre tarjetas de crédito y débito asociadas a dichas cuentas.
- Transmisiones de valores, rentas explícitas e implícitas, cheques, fondos de inversión, seguros y estadísticas de emisores.
- Información sobre bienes inmuebles y muebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero y, en su caso, declaración del módulo 750 (declaración tributaria especial).
- Facturas emitidas y recibidas, operaciones con terceros, rendimientos por arrendamientos de inmuebles urbanos, donaciones, planes y fondos de pensiones.
- Situación frente al impuesto de actividades económicas, pagos al tesoro y actividad en el extranjero (divisas).
- Declaraciones fiscales de IRPF, IVA o Sociedades, alquiler de cajas de seguridad y cualquier inspección o gestión realizada sobre las personas físicas o jurídicas investigadas.
Objetivo de la investigación
El objetivo principal de estas nuevas diligencias es esclarecer el recorrido del dinero procedente de contratos públicos y determinar si existió algún tipo de irregularidad en la distribución de los fondos gestionados por Servinabar y sus vínculos con Acciona. La UCO considera esencial recabar toda la información posible para seguir el rastro económico y fiscal tanto de los familiares de Cerdán como de otros colaboradores y sociedades implicadas.
La investigación, que abarca una década de actividad financiera, pone el foco en la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas por el entorno de Santos Cerdán, así como en la posible existencia de beneficios indebidos derivados de la contratación pública.
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