La UCO destapa una trama de amaño en el contrato de mascarillas de la Diputación de Almería

El escándalo de corrupción en Almería: así se amañó el contrato de las mascarillas

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz los detalles de un sofisticado sistema de amaño en la adjudicación de un contrato público durante la pandemia de 2020, que dio origen al conocido caso mascarillas en la Diputación de Almería. La investigación, que ya suma más de 200 páginas, revela cómo altos cargos provinciales y empresarios maniobraron para inflar precios y repartirse comisiones millonarias en la compra de material sanitario.

El inicio de la trama: ofrecimientos y primeros contactos

Según el informe de la UCO, el origen del contrato se remonta al 30 de marzo de 2020, cuando Killian López, vinculado a la empresa Pulconal, contactó con Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación de Almería. Pulconal ya había recibido 16 contratos de la institución entre 2017 y 2020, por un valor total de 421.805 euros.

Tras el ofrecimiento, Liria comunicó la propuesta a través de un grupo de WhatsApp denominado «naranjito», en el que participaban también el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y Fernando Giménez, jefe del área de presidencia. Liria informaba: «Tengo un colega que nos puede conseguir mascarillas y esas cosas». Paralelamente, Liria y Giménez mantuvieron conversaciones privadas para coordinar la adquisición del material sanitario.

Negociaciones internas y aprobación del presidente

El 1 de abril, Liria tuvo conocimiento del precio de las mascarillas y lo trasladó a Giménez. Ambos mostraron interés en la operación, mientras que el presidente García, en un primer momento, se mantenía al margen. No obstante, su implicación terminó siendo clave tras una conversación en el grupo «naranjito», donde, de forma velada, dio su visto bueno a la compra: «Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas. Que ya lo has dicho. Así que shhhhhhh (…). Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas (…). Callaaaaa yaaaaaa».

A partir de ese momento, Killian López amplió la búsqueda de proveedores y planteó abiertamente la existencia de comisiones: «El pedido es de dos millones de euros y hay un millón de euros en ese diferencial, ¿no? La comisión que nosotros vamos a recibir es ese millón íntegro en nuestra cuenta en España?».

Superando controles y el papel de los implicados

Mientras tanto, Giménez y Liria buscaron la forma de sortear la intervención del secretario general de la Diputación, quien había conseguido una oferta más económica. Según la investigación, para superar este escollo contaron con la colaboración del presidente García, al que se refieren como el «todopoderoso» en mensajes interceptados.

El intercambio de mensajes entre Giménez y Liria utilizaba un lenguaje cifrado para referirse a las comisiones, empleando términos como «tallas 20 y 10», que la UCO interpreta como porcentajes sobre el valor del contrato (20% y 10%, equivalentes a 400.000 y 200.000 euros respectivamente).

Pagos en efectivo y blanqueo de capitales

La investigación también revela que Killian López, a través de la red de mensajería encriptada Encrochat, buscaba la manera de blanquear parte de las comisiones recibidas, solicitando contactos para realizar préstamos ficticios y así obtener grandes cantidades en efectivo.

Posteriormente, López manifestó a su interlocutor los altos beneficios obtenidos: «Estos meses he ganado bastante dinero con ellos metiendo material sanitario. Las comisiones que se llevan son altas. Ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo a los precios de las mascarillas que no veas».

Un contrato con sobrecostes millonarios

La confección del contrato, según la Guardia Civil, estuvo marcada por la introducción de sobrecostes significativos. El 7 de abril, el informe señala que los sobrecostes ascendían a 985.000 euros, casi un 48% del valor total del contrato.

• Primera modificación: aumento de guantes de 200.000 a 350.000 unidades, con un sobrecoste de 18.975 euros.
• Segunda modificación: incremento adicional de 50.000 guantes, sumando un sobrecoste de 75.025 euros.

En total, los sobrecostes finales alcanzaron los 945.327,61 euros sobre un importe de 1.999.886,24 euros, lo que representa un 47,27% del valor del material sanitario adquirido.

La introducción de una empresa intermediaria española

Aunque inicialmente se planeaba contratar directamente con la empresa china Ligroup China Co. Limited, las dificultades administrativas llevaron a incluir como intermediaria a Azor Corporate SL, sociedad vinculada a Killian López. Esta maniobra permitió formalizar el contrato bajo legislación española y añadió un coste adicional de 36.300 euros en concepto de gastos financieros.

Finalmente, el 8 de abril de 2020, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, firmó el decreto de adjudicación a Azor Corporate por un importe total de 2.036.186,24 euros. El documento fue compartido inmediatamente en el grupo de WhatsApp y ejecutada la transferencia.

Conclusión de la investigación: el alcance del fraude

La Guardia Civil concluye que los sobrecostes incluidos en el contrato, destinados a ser repartidos entre los implicados, ascienden a 981.627,61 euros, es decir, un 48,2% del total abonado por la Diputación. La trama, que comenzó como un contrato de emergencia sanitaria, se convirtió así en un mecanismo para lucrarse a costa de fondos públicos durante la crisis sanitaria.

La investigación continúa y ya ha llevado a la detención de varios altos cargos, entre ellos el presidente de la Diputación y el jefe del área de presidencia. El caso ha puesto en el foco la gestión de los contratos públicos durante la pandemia y la necesidad de reforzar los controles para evitar fraudes similares en el futuro.