La UCO destapa red de inmuebles ocultos vinculados a Ábalos

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La UCO identifica patrón en la adquisición de inmuebles ocultos para José Luis Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un patrón recurrente en la adquisición de inmuebles presuntamente vinculados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en diferentes puntos de España. Según las investigaciones, este esquema permitía a Ábalos disfrutar de propiedades de alto valor sin aparecer oficialmente en el Registro de la Propiedad, utilizando contratos de arrendamiento con opción a compra a nombre de terceros relacionados con la trama de corrupción investigada.

El esquema: arrendamientos con opción a compra

De acuerdo con los datos recabados por la UCO, la fórmula más utilizada consistía en que la propiedad quedaba registrada a nombre de personas ajenas al entorno inmediato de Ábalos, pero vinculadas a la presunta red. Mediante contratos de alquiler con opción a compra, el exministro podía ocupar y beneficiarse de estos inmuebles sin dejar rastro en los registros oficiales.

  • El piso de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, habría sido adquirido bajo este esquema.
  • Un chalé en la urbanización La Alcaidesa, en la provincia de Cádiz, también habría sido objeto de la misma operativa.

En ambos casos, los contratos y mensajes intervenidos por la UCO confirmarían la implicación directa de Ábalos en la gestión de estos inmuebles y el uso de terceros para ocultar su titularidad.

Implicación del entorno familiar y consultoría en operaciones públicas

Las investigaciones señalan que el hijo de José Luis Ábalos habría desempeñado un papel activo en estas operaciones, realizando supuestas labores de consultoría. Así lo afirman las acusaciones de Víctor de Aldama, quien aportó a la causa tanto el contrato de la vivienda de la Castellana como mensajes que muestran la participación del exministro y su entorno familiar.

Según Aldama, parte de las comisiones ilegales derivadas de supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas habrían servido para financiar estas operaciones inmobiliarias. Además, se apunta a que una fracción de ese dinero habría acabado en las arcas del PSOE, extremo que forma parte de las pesquisas judiciales en curso.

Mensajes interceptados y nuevas operaciones bajo sospecha

La UCO ha incorporado a la investigación diversas conversaciones interceptadas, entre ellas una mantenida en junio de 2021 entre José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García Izaguirre. En ella, Ábalos reclamaba específicamente el contrato de arrendamiento con opción de compra para la vivienda de La Alcaidesa, con el objetivo de no figurar en los registros oficiales.

Asimismo, han salido a la luz nuevas operaciones inmobiliarias bajo un modus operandi similar. En marzo de 2022, ya apartado del Gobierno, Ábalos habría mostrado interés por un chalé de 450 metros cuadrados en Rivas Vaciamadrid, según mensajes compartidos con Koldo García. Las conversaciones reflejan preocupación por la posibilidad de ser reconocido y la conveniencia de que una sociedad interpuesta se encargara de la operación, repitiendo así el patrón de ocultación.

Pagos y contratos bajo la lupa judicial

Víctor de Aldama ha presentado ante el Tribunal Supremo documentación que incluye mensajes relativos a la contratación de obra pública presuntamente amañada y la entrega del piso de la Castellana como garantía de futuros pagos a cambio de contratos adjudicados irregularmente. El contrato de opción de compra, firmado por Ábalos, es una de las pruebas aportadas en el proceso.

Por otro lado, la UCO investiga si la trama asumió los pagos del alquiler de otro chalé en Rivas Vaciamadrid, donde Ábalos residió junto a Andrea de Torre. Según informaciones periodísticas, el alquiler de esa vivienda alcanzaba los 1.800 euros mensuales.

Conclusiones y estado de la investigación

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta y se centra en determinar el alcance de la trama, el papel desempeñado por José Luis Ábalos y su círculo más cercano, así como la posible financiación ilegal de actividades políticas. La utilización de contratos de arrendamiento con opción a compra y la intervención de sociedades interpuestas han sido clave para dificultar el rastreo de la titularidad de los inmuebles, una estrategia que ahora queda expuesta ante la justicia.

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