La UCO destapa una trama de comisiones del 2% en adjudicaciones de obra pública
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la existencia de una red de comisiones ilícitas en la adjudicación de obra pública, implicando a destacados miembros del ámbito político y empresarial. Según la investigación, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ambos dirigentes socialistas, junto al asesor Koldo García, habrían percibido un 2% de comisión sobre el importe de adjudicaciones gestionadas mediante el amaño de contratos públicos.
Relaciones mercantiles y económicas entre Acciona y Servinabar
El documento, de 227 páginas, detalla la estrecha relación, tanto mercantil como financiera, entre la constructora Acciona y la empresa Servinabar. La UCO ha documentado que Acciona fue la principal fuente de financiación de Servinabar, empresa administrada por Antxón, colaborador clave en la trama.
La relación entre ambas compañías se remonta a 2015, cuando firmaron un Acuerdo de Colaboración poco después de la constitución de Servinabar. Dicho acuerdo establecía que Acciona podría delegar promociones inmobiliarias a Servinabar, constituir Uniones Temporales de Empresas (UTE) para concurrir juntas a proyectos y subcontratar servicios de Servinabar en obras adjudicadas a Acciona.
El papel de los intermediarios y las medidas de seguridad
Durante el periodo en el que José Luis Ábalos ocupó la cartera de Transportes (MITMA) entre 2018 y 2021, los principales implicados, entre ellos Santos, Antxón y Justo, mantuvieron diversos encuentros cuyos detalles reflejan un alto grado de secretismo. Para evitar ser detectados, apagaban los teléfonos móviles durante las reuniones, utilizaban aplicaciones cifradas de mensajería como Threema y realizaban reuniones en inmuebles alquilados específicamente para este fin. En ocasiones, incluso recurrieron a la comunicación mediante notas manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias.
Adjudicaciones bajo sospecha
El informe subraya que varios de estos encuentros tuvieron lugar en junio de 2019, coincidiendo con el proceso de licitación de obras relevantes en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Meses después, Acciona resultó adjudicataria de estos contratos.
Para formalizar la operativa, Acciona y Servinabar suscribían un Memorándum de Entendimiento al inicio del expediente de cada obra. Tras la adjudicación a Acciona, se firmaba un contrato de prestación de servicios por el que Servinabar recibía el 2% neto del importe concedido como comisión.
Impacto financiero de la trama
El análisis de las cuentas de Servinabar revela que al menos el 75,33% de los ingresos de la empresa provenían de su relación con Acciona, consolidando a la constructora como su principal fuente de financiación. Esta dinámica se repitió en los tres grandes proyectos investigados, así como en otras adjudicaciones que se detallan en el informe.
Avances judiciales y nuevas diligencias
El juez a cargo del caso ha autorizado levantar parcialmente el secreto de sumario sobre una pieza separada de la investigación, permitiendo así nuevas diligencias. Entre las medidas adoptadas se encuentran ocho registros domiciliarios en distintas provincias y la solicitud de información a la Agencia Tributaria y otras entidades públicas y privadas. Además, se ha citado a declarar como investigados a tres directivos de Acciona: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, cuya comparecencia está prevista para el 3 de diciembre.
- Relación estrecha entre Acciona y Servinabar desde 2015.
- Comisiones del 2% gestionadas para altos cargos y asesores.
- Prácticas de seguridad para ocultar los encuentros y comunicaciones.
- Más del 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona.
- Directivos de Acciona citados a declarar en el proceso judicial.
La investigación continúa abierta y se prevé que salgan a la luz nuevos detalles sobre la presunta trama de corrupción en la adjudicación de obra pública en España.
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