La UCO acredita la influencia de Ábalos en los Ministerios de Maroto y Ribera en la Trama Hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que confirma la influencia ejercida por José Luis Ábalos en los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, dirigidos por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, en beneficio de la denominada Trama Hidrocarburos. Esta investigación está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Reuniones clave y contactos en los ministerios
Según el informe de la UCO, la intervención del exministro Ábalos se canalizó a través de Koldo García, quien mantuvo diversas reuniones y comunicaciones con altos cargos de ambos ministerios. Entre los encuentros destacados, figura una reunión informal el 21 de diciembre de 2020 en el restaurante «La Tragantía», donde participaron Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete del Ministerio de Industria, y Víctor de Aldama. A estas reuniones se sumaron otros encuentros formales en la sede ministerial los días 28 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021.
Resulta relevante que el Ministerio de Industria, en el que trabajaba Díaz Bidart, no tenía competencias directas en la concesión de autorizaciones para operar como mayorista de hidrocarburos. Sin embargo, Koldo García también estableció contacto con Marc Isaac Pons, director de gabinete en el Ministerio de Transición Ecológica. El 8 de abril de 2021, García mantuvo conversaciones con Pons pocos días después de haber presentado documentación adicional para subsanar una negativa previa a la concesión de la autorización por parte de la Subdirección General de Hidrocarburos. Existen indicios de que ambos se reunieron nuevamente el 8 de julio de 2021, periodo en el que la autorización seguía pendiente y la organización criminal presionaba por una resolución.
La intermediación de Víctor de Aldama
El informe también pone de manifiesto la labor de intermediación de Víctor de Aldama, especialmente en sus contactos con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas. El 12 de marzo de 2021, De Aldama conversó con García Hernández poco antes de que VILLAFUEL SL, la empresa implicada, presentara nuevas alegaciones ante la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles tras recibir una nueva resolución denegatoria.
Presiones y fricciones en la tramitación
Uno de los hechos más significativos detallados por la UCO es la conversación del 30 de noviembre de 2021, cuando tanto Ábalos como Koldo García ya habían dejado sus cargos oficiales. En esa ocasión, Claudio Rivas instó a Víctor de Aldama a cesar toda intervención o contacto relacionado con la tramitación de la autorización, advirtiendo que su participación estaba resultando contraproducente.
Asimismo, el 22 de julio de 2022, María Luisa Rivas comunicó a Pedro Antonio Marín que no deseaba que Víctor de Aldama continuara interviniendo en el proceso y solicitó que se desvinculara definitivamente del mismo, evidenciando las tensiones internas generadas por las gestiones de intermediación.
Objetivo: la autorización mayorista para VILLAFUEL SL
El objetivo de la organización, según la UCO, era obtener para VILLAFUEL SL la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, evitando la obligación legal de justificar una capitalización mínima de tres millones de euros mediante declaración responsable. El informe sugiere que Claudio Rivas, considerado capaz de aportar dichos fondos, habría evitado hacerlo para no exponer su vinculación con la empresa, debido a antecedentes personales relacionados con investigaciones por fraude en el sector de hidrocarburos y delitos contra la Hacienda Pública, actualmente en fase judicial.
Investigación en curso
La UCO señala que estos hechos continúan bajo investigación, especialmente en lo relativo a posibles delitos de blanqueo de capitales. Los resultados finales serán presentados en próximos informes judiciales.
- La trama intentó obtener autorizaciones mediante influencias y presiones ministeriales.
- Se produjeron reuniones tanto formales como informales con altos cargos de los ministerios implicados.
- Las investigaciones apuntan a irregularidades en la justificación de fondos y posibles delitos económicos.
El caso sigue abierto y la Audiencia Nacional continúa recabando pruebas para esclarecer la magnitud de la red y las responsabilidades de los implicados.
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