La Ley de Publicidad Institucional: la asignatura pendiente del plan de regeneración del Gobierno

La Ley de Publicidad Institucional: la gran promesa pendiente del plan de regeneración del Gobierno

En septiembre de 2024, el Gobierno español anunció un ambicioso paquete de 31 medidas dentro del denominado Plan de Acción por la Democracia. Este conjunto de iniciativas, fruto del acuerdo entre PSOE y Sumar, surgió a raíz del periodo de reflexión de cinco días que se tomó el presidente Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. El objetivo era reforzar la regeneración democrática y la transparencia institucional en España.

Avances significativos pero pendientes clave

Hasta la fecha, aproximadamente un 70% de las medidas contempladas en el plan han sido impulsadas, aunque se encuentran en distintas fases de tramitación. Según fuentes gubernamentales, 21 de las 31 acciones ya están en marcha, si bien solo siete pueden considerarse completamente finalizadas. Otras, en cambio, permanecen en fases iniciales o a la espera de su aprobación parlamentaria.

Entre las iniciativas ya implementadas destacan el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en vigor desde mayo pasado, y la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal con nuevas unidades especializadas para combatir la corrupción. Además, se ha puesto en marcha un programa de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación.

En el ámbito de la Administración, se ha aprobado el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y se ha celebrado en Vitoria la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, contexto en el que se presentó el V Plan de Gobierno Abierto. Asimismo, el Plan de Lucha Estatal contra la Corrupción fue aprobado en agosto, aunque su desarrollo aún está pendiente.

Medidas en proceso de tramitación

Varias propuestas de alto impacto están actualmente en tramitación parlamentaria. Entre ellas se encuentran la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley ‘mordaza’), la regulación de los grupos de interés (lobbies), la reforma del Código Penal para eliminar los llamados «delitos de opinión» y los cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que prevén, por ejemplo, la obligatoriedad de debates electorales y la publicación de microdatos de encuestas.

Otras iniciativas requieren aún una segunda vuelta en el Consejo de Ministros, como la ley que regula el secreto profesional de los periodistas y la Ley de Administración Abierta, que incluirá la obligación de rendición de cuentas semestral para todas las administraciones públicas.

Por su parte, la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) busca dotar al organismo de competencias en servicios digitales y medios de comunicación. También se plantea la revisión del marco regulatorio para evitar la concentración mediática y la creación de un registro público de medios con información sobre su propiedad y la inversión publicitaria.

La Ley de Publicidad Institucional: la gran asignatura pendiente

A pesar de estos avances, una de las medidas más destacadas sigue sin materializarse: la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Esta normativa, clave para garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de recursos publicitarios públicos, permanece pendiente de aprobación y es considerada por el propio Gobierno como “bastante avanzada”, aunque aún no ha llegado al Consejo de Ministros.

El plan gubernamental establece como objetivos de esta reforma:

• Introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de publicidad institucional.
• Implementar nuevos sistemas de medición de audiencias.
• Exigir la publicación anual de las inversiones publicitarias de todas las administraciones públicas.

Según fuentes de Moncloa, el Gobierno trabaja en colaboración con el sector de los medios de comunicación para lograr el mayor consenso posible en torno a esta reforma, dada la complejidad y sensibilidad del asunto.

Otras cuestiones pendientes en materia de medios y transparencia

Junto a la Ley de Publicidad Institucional, existen otras medidas relacionadas con los medios de comunicación que aún no han avanzado:

• Establecimiento de límites a la financiación pública destinada a medios de comunicación.
• Refuerzo de los mecanismos de autorregulación de los propios medios.
• Transposición de la Directiva anti SLAPP para proteger a periodistas frente a acosos judiciales o externos.

Tampoco han tenido avances visibles la creación de una comisión parlamentaria sobre desinformación ni la estrategia nacional para combatir campañas de desinformación.

Otras reformas institucionales en espera

Fuera del ámbito mediático, quedan pendientes reformas como la actualización del Reglamento del Congreso para instaurar el debate anual sobre el Estado de la Nación y el refuerzo de sanciones por la no presentación de declaraciones de bienes por parte de los diputados. El Ministerio del Interior, por su parte, tiene previsto reforzar el régimen sancionador para los partidos políticos que incumplan con la presentación adecuada de sus cuentas.

Conclusión

El Plan de Acción por la Democracia ha supuesto un impulso relevante a la regeneración institucional y la transparencia en España. Sin embargo, la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y otras medidas clave siguen siendo asignaturas pendientes para el Ejecutivo, que afronta el reto de culminar estas iniciativas antes de que finalice la legislatura.