La Justicia británica declara ilegal la prohibición de Palestine Action
El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este viernes que la prohibición impuesta en julio por el Gobierno británico al grupo activista propalestino Palestine Action y su clasificación como organización «terrorista» resultan ilegales por ser «desproporcionadas». Esta decisión representa un importante revés para el Ejecutivo encabezado por el primer ministro Keir Starmer.
Revisión judicial y consecuencias inmediatas
A pesar del fallo, la prohibición sobre Palestine Action permanecerá vigente al menos hasta el 20 de febrero, fecha en la que se celebrará una nueva audiencia para decidir los pasos a seguir. El futuro de la organización dependerá de si el Ministerio del Interior decide apelar la resolución judicial.
El tribunal, presidido por la jueza Victoria Sharp, reconoció que Palestine Action, fundada en 2020, utiliza «métodos delictivos» en sus protestas. Sin embargo, los magistrados subrayaron que las tácticas empleadas por el grupo no alcanzan el umbral legal necesario para ser consideradas terrorismo, según lo estipulado en la legislación vigente. Además, señalaron que el Estado británico cuenta ya con herramientas legales suficientes para abordar cualquier delito asociado a la actividad del colectivo.
Antecedentes de la prohibición
El Gobierno declaró ilegal a Palestine Action el 5 de julio de 2025, tras varios incidentes protagonizados por miembros del grupo, como el vandalismo de aeronaves de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton, en el sureste de Inglaterra. Los activistas argumentaron que sus acciones buscaban protestar contra el apoyo del Reino Unido a la guerra en Gaza, incluyendo el suministro de material militar y el uso de bases británicas por parte de aviones israelíes y estadounidenses, algo que el Ejecutivo negó rotundamente.
La proscripción de la organización fue impulsada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, quien incluyó a Palestine Action en la lista de entidades prohibidas conforme a la Ley de Terrorismo de 2000. A partir de ese momento, pertenecer o apoyar al grupo fue considerado un delito castigado con hasta 14 años de prisión.
Detenciones masivas y respuesta legal
Desde la entrada en vigor de la prohibición, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por mostrar su respaldo a Palestine Action. Entre los arrestados se cuentan numerosos adultos mayores, cuya única acción fue portar pancartas de apoyo a la causa.
Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, presentó un recurso contra la decisión gubernamental, defendiendo que el grupo actuaba dentro de una tradición reconocida de acción directa y desobediencia civil antes de ser incluido en la lista de organizaciones prohibidas.
- El equipo legal de Ammori argumentó que la proscripción debía ser anulada por vulnerar derechos fundamentales.
- Por su parte, los representantes del Ministerio del Interior defendieron la prohibición, asegurando que había detenido el «patrón de conducta escalatoria» de la organización, aunque reconocieron que no se habían impedido las protestas propalestinas en general.
Implicaciones políticas y sociales
El fallo judicial pone en entredicho la estrategia del gobierno británico frente a los movimientos de solidaridad con Palestina y reabre el debate sobre los límites entre la protesta legítima y la represión estatal. La decisión del Tribunal Superior será clave para el futuro de Palestine Action y podría sentar un precedente en la defensa del derecho a la protesta en el Reino Unido.
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