El juzgado archiva las querellas por los contratos de emergencia en la sanidad andaluza durante la pandemia
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decidido archivar las querellas interpuestas por el PSOE y Podemos en relación con los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de la covid-19. Según el auto judicial, no existen pruebas suficientes que permitan considerar la existencia de un delito en la tramitación de dichos contratos.
Decisión judicial y argumentos del auto
El auto, fechado el 22 de enero, establece el «sobreseimiento provisional y archivo» del caso, tras considerar que no hay «elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito», rechazando así los argumentos de las formaciones denunciantes. Podemos ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión judicial.
La investigación se centraba en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, que implica dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia. Durante la instrucción, se mantuvo como investigados a los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud.
El juez, en su resolución, responde a los reparos planteados por la Intervención de la Junta de Andalucía respecto a las contrataciones, señalando que «no todo distanciamiento del criterio de los interventores implica una resolución prevaricadora». Además, considera que las adjudicaciones directas por la vía de emergencia y sus prórrogas, incluso tras superarse la fase más crítica de la pandemia, estaban justificadas por las «circunstancias excepcionales» del momento y no por un intento deliberado de eludir la normativa vigente.
Justificación de los contratos y ausencia de perjuicio
Según el magistrado, en el proceso se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos que respaldaban la necesidad de los contratos y la inviabilidad de otras alternativas. Asimismo, se destaca que las contrataciones se realizaron con todas las empresas sanitarias que ya trabajaban previamente con el SAS.
El auto subraya que no existe constancia de que alguna empresa o asociación haya impugnado los contratos de emergencia, ni se ha detectado perjuicio alguno para la Administración, ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos. El juez también señala que la modificación del sistema de control, pasando del control previo al control financiero permanente, no supuso necesariamente una reducción de garantías, sino que permitió una mayor agilidad y eficacia en la gestión pública en una situación de emergencia.
Origen de la denuncia y repercusiones políticas
La denuncia inicial fue presentada por el PSOE en noviembre de 2024, cuestionando la continuación de los contratos de emergencia por un valor total de 242 millones de euros, una vez considerada finalizada la pandemia. Posteriormente, Podemos se sumó a la acción judicial.
Esta misma semana, la actual consejera andaluza de Sostenibilidad Ambiental, Catalina García, quien fue viceconsejera de Salud durante el periodo investigado, declaró como testigo ante el juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción. García atribuyó a los técnicos la decisión de modificar los controles sobre los contratos de emergencia, aunque estos, en declaraciones previas, señalaron a los responsables políticos como impulsores del cambio.
- Toni Martín, portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, ha exigido al PSOE que pida disculpas por lo que califica de «falsas acusaciones de corrupción», criticando el uso político de la pandemia.
- El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha acusado en redes sociales a la oposición de intentar «convertir el dolor del covid en un arma política contra el Gobierno de Juanma Moreno».
Otras investigaciones en curso
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz mantiene abierta una investigación para determinar si el fraccionamiento de contratos del SAS en la provincia pudo constituir un delito de malversación. Según un informe de la Intervención de la Junta, en 2021 el SAS emitió en Cádiz 135.767 documentos por contratos menores que sumaron más de 235 millones de euros. El órgano de control auditó solo el 0,12% de estas facturas y detectó incidencias en todas ellas.
Conclusión
La decisión del juzgado sevillano supone un importante respaldo al proceso de contratación de emergencia llevado a cabo por el Servicio Andaluz de Salud durante la pandemia, al no apreciarse indicios de delito ni perjuicio para la Administración. Sin embargo, el debate político y judicial en torno a la gestión de los fondos públicos en situaciones de crisis sigue abierto en Andalucía, con nuevas investigaciones en curso y recursos pendientes de resolución.
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