El cerco judicial se estrecha sobre Carlos Mazón tras la tragedia de la DANA
Un año después de la DANA, la mayor catástrofe natural registrada en España —que dejó 229 fallecidos solo en la provincia de Valencia—, la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue bajo intenso escrutinio. Las últimas investigaciones judiciales y las declaraciones clave de testigos y exresponsables políticos han reavivado el debate sobre su posible responsabilidad en la gestión de la emergencia.
Declaraciones clave en la investigación
La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, dirige la instrucción sobre los hechos ocurridos durante la DANA. Este viernes, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, declaró que mantuvo informado a Mazón “de todo” lo relativo a la situación en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Pradas aseguró también que intentó advertirle en dos ocasiones concretas sobre la necesidad de enviar un mensaje de alerta, sin obtener respuesta del presidente.
El próximo lunes, la periodista Maribel Vilaplana, quien compartió mesa con Mazón el día de la tragedia, está citada como testigo. Su testimonio es especialmente relevante, ya que deberá responder a todas las partes personadas en la causa sobre los hechos de esa jornada. Según un comunicado anterior, Vilaplana afirmó que Mazón recibió llamadas durante la comida, pero no mostró preocupación por la situación.
Posibilidad de imputación y delitos investigados
La presencia de Mazón en la investigación ha sido limitada hasta ahora debido a su aforamiento, lo que implica que cualquier indicio relevante debe ser trasladado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la Audiencia de València ha ordenado la declaración de Vilaplana, abriendo la puerta a examinar el papel del president durante la crisis.
Hasta la fecha, dos personas están imputadas por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia: Salomé Pradas y Emilio Argüeso, entonces responsable de Emergencias. Según Joan Comorera, representante de la acusación popular, la responsabilidad penal directa recae en los directores del plan de emergencia, quienes ostentaban la llamada “posición de garante” en cada fase del operativo.
El papel de Mazón bajo la lupa
Los expertos en Derecho Penal consultados coinciden en que imputar delitos a Mazón es complicado, salvo que se demuestre que intervino de manera directa, retrasando u obstaculizando el envío de la alerta. “La única posibilidad sería probar que Mazón dio órdenes de no actuar hasta nueva indicación, lo que justificaría investigar su implicación”, señala Comorera.
- Según informes periciales, Mazón realizó varias llamadas a Pradas desde el restaurante durante las horas más críticas.
- Una llamada a las 20:10, seguida del envío del mensaje de alerta a las 20:11, ha despertado sospechas sobre la coordinación en esos momentos.
- Pradas intentó contactar con Mazón en dos ocasiones previas, sin éxito, logrando finalmente hablar con él a las 19:43.
Responsabilidad penal y política
Juristas como Joaquín Urías y Joan Carles Carbonell insisten en la dificultad de atribuir responsabilidad penal al presidente autonómico en ausencia de pruebas firmes. Urías, profesor de Derecho Constitucional, subraya que “la competencia de dictar y ejecutar medidas de alerta recae habitualmente en cargos inferiores, como consejeros y responsables de emergencias”.
Carbonell añade que solo si se demuestra que Mazón tenía conocimiento de la magnitud de la tragedia y optó por no intervenir, podría derivarse algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, recalca que probar esa relación causal es complejo, aunque no imposible, sobre todo en lo referente a las muertes y lesiones que pudieron haberse evitado con una actuación más diligente.
La importancia de la relación causal en el proceso judicial
La clave para determinar la imputación de Mazón reside en demostrar, sin lugar a dudas, que una acción u omisión suya pudo evitar víctimas mortales o lesiones. La magistrada instructora considera plausible que, si todos los mecanismos hubieran funcionado correctamente, algunas muertes se habrían evitado, aunque establecer el número exacto resulta complicado.
Para que prospere una acusación, será esencial acreditar que los acusados tenían la información y la capacidad de actuar en el momento crítico, y que su inacción fue determinante en el desenlace de la tragedia.
Perspectivas futuras
Por ahora, la investigación sigue su curso, con la declaración de nuevos testigos y la revisión de las comunicaciones entre los principales responsables. Mientras, la continuidad política de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana permanece en entredicho, marcada por la presión judicial y el debate sobre la gestión de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente en España.
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