La jueza cita como investigado a un ex alto cargo del Gobierno de Ayuso en el caso FP
La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, quien fuera director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023, durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Esta citación se enmarca en la investigación judicial conocida como «caso FP».
Citación judicial y testimonios clave
Según la resolución judicial emitida el pasado 26 de enero, Rodríguez Jiménez comparecerá ante la jueza el próximo 11 de marzo para responder por su posible implicación en presuntas irregularidades administrativas. Además, el juzgado ha citado como testigos a siete directores de centros educativos que figuran entre los afectados por el supuesto fraccionamiento de contratos y facturas.
Estos directores deberán declarar sobre el proceso mediante el cual se habrían adjudicado obras a través de contratos menores, eludiendo así la obligación de recurrir a concursos públicos para la adjudicación de proyectos que, por su importe o naturaleza, así lo requerían.
Centros educativos bajo investigación
Los centros en los que presuntamente se cometieron estas prácticas son los siguientes:
- Escuela de Arte Alberto Corazón
- IES Antonio Machado
- Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares
- IES Príncipe Felipe
- IES Virgen de la Paloma
- IES Ciudad de los Poetas
- IES Tetúan de las Victorias
- Centro de San Fernando
Investigación por presunta prevaricación administrativa
La investigación judicial se centra en un supuesto delito de prevaricación administrativa que habría afectado a la anterior cúpula de la Consejería de Educación, entonces dirigida por Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, y Rocío Albert, ahora consejera de Hacienda.
La jueza trata de esclarecer las motivaciones y responsables detrás de la construcción, entre 2021 y 2023, de al menos diez centros de Formación Profesional y de Formación de Profesorado sin la tramitación de contratos oficiales, sin partidas presupuestarias asignadas, sin la apertura de expedientes administrativos y al margen de los controles económicos exigidos legalmente.
Contexto y relevancia del caso
El caso FP pone el foco en la gestión de los recursos públicos destinados a la educación en la Comunidad de Madrid y abre un proceso judicial para depurar responsabilidades sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.
La evolución de la investigación y las declaraciones tanto del investigado como de los testigos serán cruciales para determinar si se produjeron delitos y quiénes serían los responsables en el seno de la administración autonómica.
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