La investigación por la DANA se centra en los mensajes de Feijóo, el careo entre Pradas y Cuenca y más de 70 testificales
La investigación judicial sobre la catástrofe provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la Comunitat Valenciana, que causó 230 muertes el 29 de octubre de 2024, avanza con nuevas diligencias clave. Más de un año después de su inicio, el proceso sigue abierto y la instrucción, dirigida por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, se ha prorrogado hasta abril y podría extenderse seis meses más, según fuentes jurídicas.
Feijóo declara por videoconferencia
Uno de los próximos hitos de la causa será la declaración de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien testificará este viernes por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados. Feijóo comparecerá ante la jueza Ruiz Tobarra para explicar su conocimiento de los hechos durante la jornada de la DANA, después de que la magistrada aceptara su petición de evitar el desplazamiento presencial a los juzgados de València.
Recientemente, la jueza ordenó incorporar al sumario los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Feijóo y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la tragedia. Estos mensajes desvelan que la conversación se inició minutos antes de las ocho de la tarde, contradiciendo la versión mantenida por el PP sobre el seguimiento continuo de los acontecimientos por parte de Feijóo. Además, los textos evidencian la preocupación del líder popular por el liderazgo del relato público, instando a Mazón en varias ocasiones a asumir esa responsabilidad.
La conversación también revela que Mazón había contactado con miembros del Gobierno central, como Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y Margarita Robles, lo que desmiente la supuesta falta de comunicación entre administraciones. Sin embargo, los mensajes no muestran iniciativas concretas de Mazón para gestionar la crisis ni referencias directas a Salomé Pradas, consellera responsable de la gestión de la emergencia e investigada en la causa.
El foco judicial sobre la gestión y la toma de decisiones
La jueza Ruiz Tobarra busca esclarecer si existieron directrices de Mazón hacia Pradas y cuáles fueron las razones por las que la Generalitat no protegió adecuadamente a la población. Para ello, se han señalado ya 70 comparecencias testificales, entre ellas la de 25 alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas, técnicos y peritos, así como la del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Pradas señaló a Basset como responsable del retraso en la emisión del aviso de alerta a la ciudadanía, que se produjo a las 20:11 horas del día de la DANA.
Basset también deberá explicar la retirada de la vigilancia en el barranco del Poyo al mediodía del 29 de octubre, una acción que todavía no ha sido aclarada en la investigación.
Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca
El próximo lunes, 12 de enero, la jueza celebrará un careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del presidente Mazón, para aclarar las discrepancias sobre las decisiones tomadas durante la emergencia. Según los mensajes de WhatsApp presentados en el juzgado, Pradas defendió en varias ocasiones el confinamiento de la población, una medida a la que Cuenca se opuso tajantemente, argumentando su inviabilidad y pidiendo a Pradas que no insistiera en la idea.
Durante su declaración, Cuenca no mencionó estos mensajes, mientras que Pradas aportó un acta notarial con el contenido de la conversación. Cuenca acusó a Pradas de descontextualizar los mensajes, lo que motivó a la jueza a ordenar el careo para esclarecer si la conversación influyó en el retraso de la alerta a la población y si la opción del confinamiento habría podido evitar parte de las víctimas.
Consultas jurídicas sobre el confinamiento
La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha certificado que el día de la DANA no se recibió ninguna consulta formal por escrito sobre la viabilidad legal de un posible confinamiento, aunque sí se produjeron varias llamadas telefónicas. Entre ellas, destaca la del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, quien consultó al abogado coordinador de la Conselleria, recibiendo respuesta favorable sobre la base jurídica para decretar un confinamiento. Asimismo, Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, contactó con el abogado general de la Generalitat para advertir sobre la posibilidad de que la consellera Pradas solicitara un informe jurídico en caso de ser necesario.
Finalmente, ninguna de estas comunicaciones derivó en la solicitud formal de un informe ni de una actuación adicional, ni verbal ni escrita, según consta en el escrito remitido por la Abogacía General al juzgado.
Próximas citas judiciales y comparecencias clave
La jueza ha citado a declarar a varios altos cargos para profundizar en las decisiones tomadas el 29 de octubre de 2024, especialmente en torno a la medida del confinamiento y su posible impacto en la protección de la ciudadanía. Entre los citados destacan:
- El abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia.
- El abogado general de la Generalitat Valenciana.
- El subdirector general de la Conselleria de Interior, Ricardo García.
- Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat y exconsellera de Servicios Sociales, que deberá explicar la gestión de las 37 personas fallecidas usuarias de teleasistencia.
- Alberto Martín, director general de Emergencias.
- Rosa Tourís, exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales.
El próximo 22 de enero está prevista la comparecencia de Cayetano García, actual secretario autonómico de Economía, quien también tuvo un papel relevante el día de la DANA al ser contactado por la consellera Pradas tras no obtener respuesta del presidente Mazón.
Conclusiones
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana avanza con la esperanza de esclarecer las responsabilidades y las posibles fallas en la protección de la ciudadanía durante la catástrofe. Las declaraciones, careos y pruebas documentales serán determinantes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas y administrativas en uno de los episodios más trágicos de los últimos años en la región.
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