Pagos irregulares a gestoras privadas en hospitales públicos de Madrid: la Intervención declara nulos ocho millones de euros
Una reciente investigación ha puesto de manifiesto graves irregularidades en la gestión de los pagos realizados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a las empresas privadas que gestionan varios hospitales públicos bajo el modelo de concesión de obra pública. Según informes de la Intervención General autonómica, al menos ocho millones de euros fueron abonados «prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido», lo que ha llevado a declarar estos pagos como «nulos de pleno derecho».
Un sistema de control insuficiente
La gestión privatizada de hospitales públicos en Madrid, implantada desde hace dos décadas, requiere mecanismos estrictos de supervisión. A las concesionarias se les paga anualmente por la atención médica prestada y pueden solicitar compensaciones adicionales –conocidas como «reequilibrios económicos»– si circunstancias imprevistas afectan a la economía del contrato. No obstante, la Intervención ha detectado que gran parte de esos pagos y modificaciones contractuales se han realizado sin tramitar los expedientes administrativos obligatorios ni realizar la fiscalización previa.
El informe más reciente, que abarca el periodo 2022-2024 y revisa los siete hospitales bajo concesión de obra pública (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Sureste, Tajo y Henares), señala que únicamente dos de las modificaciones del contrato contaron con expediente. El resto de pagos por obras, mobiliario y sobrecostes de servicios e inversiones –más de 10,98 millones de euros entre 2021 y 2024– se realizaron al margen de la legalidad administrativa.
Deficiencias en la tramitación y supervisión
La Intervención subraya que, antes de aprobar cualquier gasto extraordinario, debe analizarse si corresponde a las obligaciones contractuales de la concesionaria, asumidas bajo el principio de «riesgo y ventura». De ser así, el coste no debería ser transferido a la Administración. Si, por el contrario, el gasto recae sobre la Comunidad, es imprescindible tramitar una modificación contractual.
Sin embargo, los auditores han detectado un «vacío documental total» entre las notas y órdenes de encargo, evidenciando que estos trámites no son suficientes ni válidos como procedimiento de contratación. A pesar de ello, Sanidad abonó todas las obras e inversiones, algunas de las cuales, según el informe, ya estaban contempladas en los contratos originales y no debieron generar pagos adicionales.
Consecuencias y regularización de la situación
La declaración de nulidad de pleno derecho implica que los actos administrativos afectados son inválidos desde su origen y no pueden ser subsanados. La única vía para corregir la situación es someter los gastos al Consejo de Gobierno para su convalidación, procedimiento que la Comunidad de Madrid habría seguido en al menos dos ocasiones recientes, aprobando reequilibrios económicos pendientes.
No obstante, la práctica de aprobar y pagar modificaciones contractuales a las concesionarias sin expediente previo se ha repetido durante años, como reflejan otros informes de la Intervención, incluyendo el seguimiento del Hospital Puerta de Hierro. Las justificaciones habituales aluden a la urgencia de las obras o a dificultades para actualizar los modelos económicos-financieros. Según los expertos consultados, esta «mala praxis administrativa» conlleva un reproche técnico y político, pero rara vez tiene consecuencias prácticas, dado que los pagos suelen ser posteriormente convalidados.
Pagos adicionales y gastos no justificados
El informe de 2023 también advierte sobre otros pagos realizados a las gestoras privadas, como compras de mobiliario para centros fuera del ámbito contractual, o gastos diversos que suman casi 700.000 euros. Entre estos figuran dietas de acompañantes, comidas del personal con jornada partida, aparcamientos y tarjetas identificativas, partidas que la Intervención considera no asumibles con cargo al presupuesto hospitalario.
- 272.513 euros en dietas de acompañantes y comidas del personal.
- 34.133 euros en tarjetas identificativas.
Impacto de la pandemia y reclamaciones de las concesionarias
Durante la pandemia de covid-19, Sanidad abonó 5,37 millones de euros a las concesionarias por sobrecostes derivados del aumento de camas, puestos de UCI y campañas de vacunación. No obstante, las empresas reclamaron además compensaciones por conceptos como dietas de acompañantes, gastos de aparcamiento, pérdidas de ingresos en tiendas y máquinas expendedoras, e incluso la televisión gratuita en habitaciones. La mayoría de estas reclamaciones fueron rechazadas, excepto la televisión para pacientes.
Por ejemplo, el Hospital Infanta Leonor solicitó 24.294 euros por 646 días de servicio de televisión gratuita para los pacientes durante el confinamiento.
Respuesta de la Consejería y evolución del modelo
Ante las irregularidades detectadas, la Consejería de Sanidad ha asegurado que ha «regularizado las órdenes de encargo» e instruido a todos los hospitales y direcciones generales para que mejoren la formalización de las actuaciones y cumplan con los procedimientos legales.
Expertos en la materia señalan que, si bien los primeros pliegos de concesión de obra pública en Madrid –implantados en 2005– tendían a favorecer a las empresas privadas, la profesionalización de los técnicos y la mejora en la redacción de los contratos han permitido una mayor protección del interés público en los últimos años.
Conclusión
La investigación resalta la necesidad de reforzar los sistemas de control y fiscalización en los modelos de colaboración público-privada en la sanidad madrileña, para garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos, evitando prácticas administrativas que puedan derivar en situaciones de nulidad y falta de control sobre el gasto.
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