El Mando de la Guardia Civil rechaza condecoraciones pensionadas para 22 agentes que intervinieron en el 1-O
El Mando de Operaciones de la Guardia Civil, bajo la dirección del Ministerio del Interior, desestimó la propuesta de conceder condecoraciones pensionadas a 22 agentes que participaron en la Operación Avispa, desplegada para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Esta decisión se adoptó pese a la propuesta inicial del jefe de la Zona de Cataluña, que abogaba por reconocer de forma especial la labor de estos efectivos.
Propuesta de condecoraciones tras el 1-O
En el año 2020, la Zona de Cataluña elevó una propuesta para premiar a los guardias civiles que intervinieron durante el referéndum independentista. El documento elaborado por esta unidad recogía la concesión de:
- 29 personas propuestas para la Cruz de Plata.
- 22 personas propuestas para la Cruz con distintivo rojo (condecoración pensionada).
- 136 personas propuestas para la Cruz con distintivo blanco.
En total, la propuesta sumaba 187 reconocimientos para agentes destacados en la operación, que tenía como objetivo impedir «el desarrollo de un proceso de consulta contrario a la ley sobre la autodeterminación de Cataluña», según recoge el informe al que ha tenido acceso la prensa.
Desacuerdo y modificación de los reconocimientos
Sin embargo, el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa y, por ende, del Ministerio del Interior, no coincidió con la valoración del jefe de la Zona de Cataluña. En su revisión, se determinó que la mayoría de los agentes propuestos para condecoraciones pensionadas debían recibir otros tipos de reconocimientos.
- 10 personas propuestas para la Cruz de Plata.
- 29 personas propuestas para la Cruz con distintivo blanco.
- 148 personas propuestas para una felicitación con anotación en su expediente.
Así, de las 22 propuestas para la Cruz con distintivo rojo, ninguna fue finalmente aprobada. Este tipo de condecoración, según la Ley 19/1976, de 29 de mayo, otorga una pensión y está reservada para hechos o servicios realizados con «riesgo de la propia vida o demostración de valor personal».
Decisión de la Dirección General y contexto político
La entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, formalizó la decisión siguiendo el criterio del Teniente General Jefe del Mando de Operaciones. El expediente correspondiente fue instruido conforme a la propuesta revisada, excluyendo las condecoraciones pensionadas solicitadas inicialmente.
Fuentes policiales consultadas por medios nacionales aseguran que la decisión de recortar el reconocimiento a los agentes tuvo motivaciones políticas. Según estas fuentes, el Gobierno buscaba evitar tensiones con sus socios independentistas catalanes al no destacar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad durante la Operación Avispa.
Antecedentes y repercusiones
María Gámez fue nombrada directora de la Guardia Civil en 2020 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tres años después, presentó su dimisión tras conocerse que un juzgado investigaba posibles pagos irregulares desde la Junta de Andalucía a su marido, Juan Carlos Martínez, durante la etapa socialista en el gobierno andaluz.
Por otra parte, también trascendió que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, mantuvo contactos frecuentes con la exdirectora de la Guardia Civil durante su último año en el cargo, lo que añade un nuevo elemento al contexto político de la gestión interna del cuerpo.
Conclusión
La decisión del Mando de Operaciones de la Guardia Civil de no conceder condecoraciones pensionadas a los 22 agentes propuestos por su intervención en el 1-O pone de relieve la compleja relación entre el reconocimiento profesional y las consideraciones políticas en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado. Este episodio sigue generando debate sobre el papel y la valoración de los efectivos que participaron en la defensa del orden constitucional durante la crisis catalana.
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