La Fiscalía tilda de «injustificadas, innecesarias y desproporcionadas» las medidas de Peinado contra Begoña Gómez
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que acepte el recurso interpuesto por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez contra la retirada de sus pasaportes, una medida adoptada por el juez Juan Carlos Peinado. El Ministerio Público considera que estas restricciones son «injustificadas, innecesarias y desproporcionadas».
Argumentos insuficientes y falta de motivación
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la agencia EFE, los argumentos presentados por el juez para justificar la retirada del pasaporte y otras medidas cautelares resultan «genéricos y vagos». El órgano fiscal destaca la «ausencia de motivación respecto de su situación», lo cual considera especialmente relevante dado el impacto sobre los derechos fundamentales de las investigadas.
Vulneración del derecho a la libertad
La Fiscalía sostiene que las restricciones impuestas por el juzgado afectan al derecho a la libertad, tal como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Española. En este sentido, subraya que las medidas no solo carecen de justificación, sino que también resultan desproporcionadas e innecesarias en el contexto actual del proceso judicial.
Arraigo y ausencia de riesgo de fuga
Entre los principales argumentos para solicitar la revocación de las medidas, el Ministerio Público destaca el profundo arraigo de Begoña Gómez y Cristina Álvarez en España. Ambas son ciudadanas españolas, mantienen lazos familiares y profesionales en el país y, según la Fiscalía, no existen indicios de conexión con el extranjero que justifiquen una posible fuga.
- No se ha señalado ningún país concreto al que pudieran trasladarse con facilidad.
- Carecen de bienes o activos en el exterior que permitan su instalación fuera de España.
- Las investigaciones patrimoniales descartaron la existencia de ganancias ilícitas.
El propio escrito del fiscal recalca: «No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas».
Críticas a la obligación de comparecencia quincenal
La Fiscalía también ha cuestionado la obligación impuesta a las investigadas de comparecer cada quince días en sede judicial. Considera que esta medida «carece de sentido», salvo que se pretenda imponer una suerte de penalización anticipada y una exposición pública innecesaria.
El escrito fiscal añade que resulta «llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo», haciendo referencia a imputaciones de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetidas.
Próximos pasos en el proceso judicial
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía y decidir si acepta el recurso de Gómez y Álvarez, lo que podría suponer la revocación de las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado.
La resolución de este recurso marcará un nuevo capítulo en una causa que ha generado gran atención pública, tanto por la relevancia de las personas investigadas como por el debate en torno al uso de medidas cautelares en el sistema judicial español.
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