La fiscalía reduce a la mitad la petición de cárcel para Francisco Granados en el juicio del caso ‘Púnica’
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio por el caso de corrupción conocido como ‘Púnica’, en el que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se enfrenta a una petición de tres años de prisión. Esta cifra supone una rebaja significativa respecto a la solicitud inicial de seis años realizada por la fiscalía.
Contexto del juicio y los acusados
En el banquillo de los acusados, junto a Granados, se encuentran otros trece implicados, entre ellos seis exalcaldes del Partido Popular de diferentes municipios madrileños. La mayoría de los procesados están acusados de haber participado en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos para la organización de fiestas locales entre los años 2004 y 2013.
El epicentro de las investigaciones se sitúa en la empresa Waiter Music, propiedad del fallecido José Luis Huerta, quien mantenía una estrecha relación personal con Granados desde la etapa en la que este último era alcalde de Valdemoro. Según la Fiscalía, Huerta habría recibido adjudicaciones irregulares favorecidas por la influencia de Granados y otros funcionarios.
Solicitudes de penas para el resto de acusados
La fiscal ha mantenido otras peticiones de prisión para los principales implicados en el caso:
- Cuatro años y diez meses para José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro.
- Dos años y ocho meses para José Miguel Moreno, también exregidor de Valdemoro.
- Dos años y ocho meses para Ángeles Herrera (exalcaldesa de Ciempozuelos), Carlos Alberto Estrada (exalcalde de Moraleja de Enmedio) y Esteban Parro (exalcalde de Móstoles).
- Ocho años de inhabilitación para Daniel Ortiz, exregidor de Móstoles.
- Algo más de dos años de prisión para Carmen B.S. y Alfredo O.L. (exjefes de Gabinete de la alcaldía de Valdemoro), Rafael Marín (exconcejal de Ciempozuelos), David Erguido (exteniente de alcalde de Algete) y Lorenzo T.C. (exfuncionario de Algete).
- Ocho años de inhabilitación para Ricardo Godino (exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio) y Carmen Plata (exdirectora gerente de la Fundación Arpegio).
Defensa y argumentos de los acusados
Las defensas de los acusados han solicitado la absolución de sus clientes. Alternativamente, han pedido que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas en caso de condena, es decir, que se reduzcan las penas debido a la prolongación del proceso judicial. Por su parte, la defensa de Ricardo Godino ha solicitado una rebaja adicional de la pena por su confesión tardía durante la vista oral.
Motivos de la rebaja de la petición de pena para Granados
La fiscalía ha decidido reducir la petición de cárcel para Francisco Granados tras retirar la acusación por los delitos vinculados a adjudicaciones en el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Sin embargo, mantiene que existen pruebas suficientes de que Granados utilizó su posición de influencia en la Comunidad de Madrid y el PP regional para beneficiar a la empresa de Huerta en otros municipios, especialmente en Valdemoro.
Según el Ministerio Público, la condición de Granados como número dos de Esperanza Aguirre y secretario general del PP madrileño le permitió ejercer presión directa o indirecta sobre otros responsables públicos para favorecer las adjudicaciones a Waiter Music, tanto en el ámbito municipal como autonómico.
Declaraciones de Granados y desarrollo de la jornada
La sesión de este jueves ha comenzado con la continuación de la declaración de Francisco Granados, quien ha negado haber ostentado una posición de superioridad sobre otros consejeros y ha asegurado que la máxima autoridad en la Comunidad de Madrid era la entonces presidenta, Esperanza Aguirre.
Granados también ha rechazado haber dado instrucciones para beneficiar a José Luis Huerta en la adjudicación de contratos, ni haber encargado a Waiter Music la organización de actos del Partido Popular o celebraciones privadas pagadas con fondos públicos bajo la apariencia de gastos municipales.
Conclusión
El juicio del caso ‘Púnica’ continúa en la Audiencia Nacional con la revisión de las pruebas y testimonios, mientras las partes exponen sus argumentos. La atención está centrada en la influencia política y administrativa ejercida durante más de una década en la adjudicación de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid.
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