La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, por presunta prevaricación
A menos de un año para las próximas elecciones municipales, el futuro político de Gonzalo Pérez Jácome, actual alcalde de Ourense, se ve gravemente amenazado. La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, acusando al regidor de un presunto delito de prevaricación. El Ministerio Público sostiene que Jácome habría ejercido actividades privadas incompatibles con su cargo desde 2019 hasta 2025, percibiendo ingresos adicionales al margen de su función como alcalde.
Acusaciones de incompatibilidad y cobros indebidos
Según el escrito de la Fiscalía, Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, cobró durante estos años el sueldo correspondiente a un cargo desempeñado en régimen de dedicación exclusiva, mientras simultáneamente realizaba actividades empresariales y profesionales privadas. Entre ellas, destaca su papel como administrador único de una mercantil hasta agosto de 2020 y su responsabilidad como propietario y gestor de la televisión local AURIA TV.
El Ministerio Fiscal remarca que el alcalde era plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta, pues nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas con el cargo público. De acuerdo con la investigación, Jácome habría recibido ingresos privados anuales que superaban incluso su retribución como regidor.
Detalle de las retribuciones percibidas
- 2019: 36.501,63 euros como alcalde y más de 70.000 euros de actividades privadas.
- 2020: 69.925,94 euros como regidor y 218.041,17 euros de actividades privadas.
- 2021: 70.555,24 euros como alcalde y más de 150.000 euros de actividades privadas.
- 2022: 73.024,70 euros como regidor y 111.591,69 euros de actividades privadas.
- 2023: 75.215,42 euros como alcalde y 136.257,25 euros de actividades privadas.
- 2024: 77.457,30 euros como regidor y 89.905,23 euros de actividades privadas.
- 2025 (hasta noviembre): 66.699,96 euros como alcalde.
Asimismo, los fiscales subrayan que Pérez Jácome figuraba simultáneamente en el régimen general y en el de autónomos de la Seguridad Social, lo que evidencia una situación de pluriempleo y pluriactividad. Las actividades empresariales del alcalde, según el Ministerio Público, no eran residuales ni secundarias, sino que constituían una parte sustancial de sus ingresos.
Procedimiento administrativo y reacciones políticas
En la sesión plenaria extraordinaria del 5 de julio de 2019, el pleno del Ayuntamiento de Ourense aprobó el régimen retributivo para los miembros de la corporación, fijando un sueldo de 68.383,90 euros en dedicación exclusiva para el alcalde, quien votó a favor. Jácome solicitó formalmente la declaración de compatibilidad para sus actividades privadas en agosto de 2019, pero desistió de la petición pocos días después, presuntamente por temor a que el pleno no le concediera la compatibilidad.
En diciembre de 2021, el pleno local aprobó una moción instando al alcalde a renunciar a su sueldo debido a la incompatibilidad, una petición que ignoró.
Respuestas de los partidos de la oposición
La noticia de la solicitud de la Fiscalía se produce tras el cierre del plazo para presentar una moción de censura, sin que los partidos de la oposición llegasen a un acuerdo. Sin embargo, ahora coinciden en exigir a Jácome explicaciones públicas y en reclamar respeto por los tiempos judiciales.
- Partido Popular: Ana Méndez, portavoz local, calificó la situación como «enormemente grave» y criticó la falta de transparencia del alcalde, señalando que es el único miembro de la corporación que no ha hecho pública su declaración de bienes y actividades en siete años de mandato.
- Partido Socialista: María Fernández, concejala local, subrayó la necesidad de responsabilidad política e instó a que Jácome valore la posibilidad de dimitir. Además, lamentó el clima de «ruido, polémica y parálisis» que vive la ciudad.
- BNG (Bloque Nacionalista Galego): El portavoz local, Luís Seara, insistió en la urgencia de resolver la situación y reafirmó la preparación de su equipo para asumir el gobierno municipal si fuera necesario.
Perspectiva de futuro
La resolución judicial sobre el caso podría condicionar de manera decisiva el panorama político de Ourense de cara a las próximas elecciones municipales. Mientras tanto, la ciudadanía y los grupos políticos insisten en la necesidad de transparencia, responsabilidad y respeto al proceso judicial en curso.
El caso de Gonzalo Pérez Jácome pone de relieve la importancia de la ética y la legalidad en la gestión pública, y abre un debate sobre la compatibilidad de cargos y actividades profesionales en las administraciones locales.
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