La Fiscalía defiende a Begoña Gómez y descarta indicios de negocios particulares en la UCM
La Fiscalía ha salido nuevamente en defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a las imputaciones que enfrenta en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. El magistrado Juan Carlos Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que no existen pruebas concluyentes que respalden las acusaciones relacionadas con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
- La Fiscalía defiende a Begoña Gómez y descarta indicios de negocios particulares en la UCM
- El informe de la UCO y la gestión de la cátedra TSC
- Argumentos de la Fiscalía: descartan lucro sospechoso y delitos
- Desacreditación de testimonios y ausencia de delito
- Sobre el intrusismo profesional y la firma de documentos
- Conclusiones del Ministerio Público
El informe de la UCO y la gestión de la cátedra TSC
La reciente incorporación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al proceso judicial ha añadido decenas de correos electrónicos entre el exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa. Dichas comunicaciones evidencian la gestión directa de Álvarez sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), dirigida por Begoña Gómez, en colaboración con hasta 11 empresas y entidades diferentes.
Pese a la relevancia de este informe, una semana antes la Fiscalía presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que defendía con firmeza la actuación de Gómez, minimizando el alcance de sus retribuciones y negando la existencia de negocios privados en el seno de la UCM.
Argumentos de la Fiscalía: descartan lucro sospechoso y delitos
En un documento de nueve páginas, la Fiscalía subraya que las retribuciones percibidas por Begoña Gómez en la universidad entre 2012 y 2022 ascienden a 34.314 euros, de los que 9.131 euros corresponden al periodo anterior a la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno. En palabras del Ministerio Público, «no parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares».
- No se han detectado movimientos bancarios sospechosos tras la investigación patrimonial exhaustiva de Gómez.
- La relación de la universidad con entidades privadas, como LA CAIXA y REALE SEGUROS, se enmarca en la búsqueda habitual de financiación para proyectos académicos, y no supone, según la Fiscalía, una actividad irregular.
Desacreditación de testimonios y ausencia de delito
La Fiscalía también cuestiona el testimonio del exvicerrector Doadrio, quien afirmó que la creación de la cátedra fue una indicación directa del rectorado. El Ministerio Público considera esta declaración «ambigua» y sin corroboración suficiente, y señala que eventuales irregularidades administrativas no implican automáticamente la existencia de delito.
En relación al resto de delitos imputados, la Fiscalía sostiene que no se han encontrado pruebas de apropiación indebida, destacando que «toda la temática de la supuesta apropiación del software… se ha desvanecido. No se ha apropiado de ningún software. Ni existía ningún ánimo de lucro».
Sobre el intrusismo profesional y la firma de documentos
Respecto a la acusación de intrusismo profesional por la firma de un pliego de condiciones técnicas, el Ministerio Público insiste en que la documentación recabada demuestra que la firma fue realizada a instancia de los responsables de la UCM y que, en todo caso, podría tratarse de una irregularidad administrativa, pero no penal, ya que no se aprecia dolo en la actuación de Gómez.
Conclusiones del Ministerio Público
La Fiscalía concluye su escrito reafirmando que no existen elementos suficientes para considerar que la actividad de Begoña Gómez en la UCM constituya negocios particulares o delitos penales. El Ministerio Público insiste en la necesidad de fundamentar cualquier acusación en pruebas sólidas y descarta, por el momento, la existencia de conductas delictivas en el marco de la investigación.
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