La Fiscalía del Tribunal de Cuentas propone archivar la denuncia contra el Gobierno de Ayuso por la deuda a Quirón y Ribera Salud
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha recomendado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid, tras la decisión de eximir a los grupos hospitalarios privados Quirón y Ribera Salud del pago de una deuda de 71 millones de euros. La denuncia, interpuesta en febrero, señalaba un posible perjuicio a los fondos públicos como consecuencia de la gestión sanitaria regional.
Origen de la deuda y motivos de la denuncia
El Grupo Socialista argumentó que la deuda se originó cuando la sanidad pública madrileña asumió y trató a pacientes procedentes de estos hospitales privados y concertados. Según los denunciantes, la supuesta falta de control y seguimiento en la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros bajo régimen de concesión habría provocado un menoscabo económico para las arcas públicas.
Postura de la Fiscalía sobre la denuncia
No obstante, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en una nota informativa, ha considerado que la denuncia no aporta indicios suficientes de un daño real a los fondos públicos. Según el organismo, lo planteado por el grupo socialista se asemeja más a una solicitud de fiscalización que a un caso de responsabilidad contable, ámbito que excede las competencias del Tribunal.
El informe de la Fiscalía subraya que los responsables señalados en la denuncia —el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), la Consejería de Sanidad y la propia Comunidad de Madrid— no son quienes deben cumplimentar las historias clínicas de los pacientes. Esta labor recae en los profesionales sanitarios, quienes, a su vez, no tienen responsabilidad directa en la administración de fondos públicos y, por tanto, no pueden ser juzgados por el Tribunal de Cuentas en este contexto.
Falta de concreción en los hechos denunciados
La Fiscalía también destaca que la denuncia no identifica actos específicos de gestión que pudieran derivar en una responsabilidad contable. En cambio, se centra en obligaciones genéricas de supervisión y control, sin detallar normativas concretas presuntamente vulneradas.
Finalmente, el análisis del Ministerio Público indica que el texto socialista extrapola, de manera no siempre precisa, las conclusiones de una auditoría realizada en un hospital durante un ejercicio concreto al conjunto de la gestión hospitalaria privada en la región.
Conclusiones y próximos pasos
- La Fiscalía considera que no existen pruebas suficientes de daño económico a los fondos públicos.
- Se recomienda el archivo de la denuncia al no identificar actos concretos ni responsables contables claros.
- La decisión final sobre el archivo corresponde ahora al Tribunal de Cuentas.
Este pronunciamiento de la Fiscalía representa un respaldo al Gobierno regional en un asunto que ha generado amplio debate en torno a la gestión de los conciertos sanitarios y la relación entre la sanidad pública y la privada en Madrid.
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