Fiscalía Anticorrupción desmonta el “España nos roba” al destapar el fraude fiscal de los Pujol

Fiscalía Anticorrupción enfrenta el fraude fiscal de los Pujol al argumento de «España nos roba»

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha cuestionado duramente el discurso de agravio económico “España nos roba”, sostenido durante años en Cataluña, al contrastarlo con el fraude fiscal atribuido a la familia Pujol. Durante la presentación de sus conclusiones en la Audiencia Nacional, donde se juzga la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, el fiscal subrayó la contradicción de reclamar más recursos públicos mientras se evade la obligación tributaria que los financia.

Críticas al discurso victimista y defensa del sistema tributario

Bermejo reprochó a la defensa de los Pujol por intentar presentar el caso como un ataque político a Cataluña y como consecuencia de supuestas maniobras de la denominada “policía patriótica”. El fiscal insistió en que el proceso tiene como objetivo salvaguardar el sistema tributario, pilar fundamental del Estado del bienestar, y garantizar la financiación de servicios públicos esenciales como colegios y hospitales.

En su intervención, Bermejo recalcó el perjuicio que ocasiona el fraude fiscal a toda la ciudadanía, y señaló que “quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto, sino que resta recursos a los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña”.

Tradiciones y realidad fiscal en Cataluña

Durante el juicio, un testigo afirmó que tener cuentas en Andorra era una “tradición familiar” en Cataluña. Sin embargo, Bermejo argumentó que dicha práctica no era común entre la mayoría de los ciudadanos catalanes, quienes contribuyeron regularmente al fisco, sino que se trataba de una conducta delictiva. “No existía una tradición de cuentas en Andorra, lo que existía era delito”, sentenció el fiscal.

Implicaciones institucionales y gravedad del caso

Fernando Bermejo destacó que la gravedad institucional del presunto fraude fiscal de los Pujol se agrava por la relevancia pública de los acusados, quienes durante décadas ostentaron cargos de máxima representación en Cataluña. “Es especialmente contradictorio invocar un agravio por falta de recursos mientras dolosamente se elude la contribución al sistema que debe generarlos”, afirmó el fiscal.

Red de clientelismo y corrupción sistémica

Para la Fiscalía, el caso no responde a una persecución política, sino que se trata de la investigación de una organización criminal dedicada a la corrupción política a gran escala. Bermejo subrayó la estrecha relación entre la familia Pujol y empresarios que dependían de contratos públicos, lo que explicaría el silencio de varios testigos respecto a las supuestas comisiones abonadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Según el fiscal, el juicio ha permitido acreditar la existencia de una red de clientelismo que tenía como objetivo amasar una gran fortuna y, en consecuencia, perjudicar a la sociedad catalana. Desde los años noventa, la familia Pujol habría ingresado en cuentas andorranas grandes sumas de dinero en efectivo, transportadas incluso en bolsas y cuyo origen no ha sido justificado documentalmente.

Dudas sobre el origen de la fortuna y delitos atribuidos

Bermejo rechazó la tesis del legado (“deixa”) del abuelo Florenci Pujol, defendida por los acusados para justificar su fortuna, debido a la falta de pruebas documentales. El fiscal aseguró que el patrimonio oculto en Andorra fue consecuencia de “un auténtico saqueo de millones de pesetas, libras y dólares”.

• Delito de asociación ilícita: Se considera probada la existencia de una organización criminal, ubicada en la cúspide por el expresidente Jordi Pujol y su esposa, con Jordi Pujol Ferrusola como gestor de los fondos y el resto de hermanos en un tercer nivel.

Retrasos y obstáculos en la investigación

Bermejo también criticó a las defensas por haber provocado dilaciones indebidas en el proceso, recurriendo a maniobras judiciales en Andorra o solicitando el expurgo de documentos, lo que ha prolongado la instrucción durante 14 años. Si bien reconoció que el procedimiento ha llegado tarde, pidió analizar las causas de estos retrasos, que atribuye en parte a estrategias entorpecedoras de la defensa.

Conclusión

El fiscal Anticorrupción concluyó que el caso Pujol no es un ataque a Cataluña, sino una defensa del sistema tributario y de los intereses de todos los ciudadanos, frente a la utilización de discursos victimistas que ocultan prácticas delictivas de quienes han ocupado las más altas responsabilidades institucionales.