La FAPE determina que Javier Ruiz vulneró el Código Deontológico y el periodista responde con críticas al procedimiento
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido un dictamen en el que concluye que Javier Ruiz, periodista y copresentador del programa «Mañaneros 360» de TVE, habría vulnerado el Código Deontológico del Periodismo durante una emisión del espacio. La decisión ha generado una respuesta inmediata por parte del periodista, que cuestiona abiertamente la metodología seguida por la federación en su resolución.
El dictamen de la FAPE sobre Javier Ruiz
Según el comunicado publicado por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, Javier Ruiz habría incumplido el Código Deontológico durante una entrevista realizada a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. En dicha entrevista, emitida el 29 de agosto en «Mañaneros 360», Ruiz afirmó que «nueve de cada diez violaciones en España son de españoles».
La FAPE señala que, tras analizar el programa y revisar exhaustivamente los datos oficiales sobre agresiones sexuales y violaciones publicados en fuentes públicas, la afirmación del periodista no se ajusta a la realidad. El organismo considera que esta actuación vulnera el deber de fundamentar y contrastar los datos y la información, tal como se estipula en el punto III.1.a de los Principios de Actuación del Código Deontológico.
Respuesta de Javier Ruiz: críticas al proceso
A través de su perfil oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Javier Ruiz ha manifestado su desacuerdo con la resolución de la FAPE, centrándose especialmente en las formas y el procedimiento seguido por la federación.
El periodista denuncia que la decisión se ha tomado sin que él haya sido escuchado, convocado o notificado previamente, en contra de lo que marcan los procedimientos internos del organismo. En sus mensajes, Ruiz califica de sorprendente –o no tanto– que se haya dictaminado en su contra sin permitirle presentar alegaciones y acusa a la federación de vulnerar sus propias normas, haciendo referencia expresa al artículo 9.5 del reglamento.
«La FAPE dictamina sobre mi actuación sin escucharme, sin convocarme y sin notificarme. Condenar sin permitir alegaciones sorprende… o no (otra coincidencia más). Y vulnera sus propios procedimientos reglados (art. 9.5). Hay inquisiciones (y sindicatos de intereses) más sutiles», expuso Ruiz en uno de sus mensajes.
Además, el comunicador cuestiona si es posible solicitar la nulidad de un «expediente sin audiencia» y sugiere la existencia de coincidencias con actuaciones de otros actores mediáticos y políticos, insinuando la posibilidad de una campaña dirigida.
Motivos de la resolución y contexto
La decisión de la FAPE se fundamenta en la obligación de los periodistas de verificar y contrastar la información antes de difundirla públicamente, especialmente en temas sensibles como la violencia sexual. La federación recalca que la afirmación realizada por Ruiz en directo no se correspondía con los datos oficiales disponibles y, por tanto, supone una infracción de los principios de veracidad y rigor informativo recogidos en el Código Deontológico.
- Programa implicado: «Mañaneros 360», emitido en La 1 de TVE.
- Declaración controvertida: «Nueve de cada diez violaciones en España son de españoles».
- Motivo del dictamen: Vulneración del deber de fundamentar y contrastar la información.
- Respuesta del periodista: Denuncia la falta de audiencia y de notificación en el proceso.
Debate sobre los procedimientos y la ética periodística
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y el rigor en los procedimientos de control deontológico de la profesión periodística en España. Mientras la FAPE defiende la necesidad de garantizar la veracidad informativa, el periodista afectado reclama el derecho a defenderse adecuadamente antes de que se emita cualquier resolución.
Este episodio pone en el centro la importancia de mantener estándares éticos y procesales en la labor informativa y en las instituciones encargadas de velar por ellos, así como la necesidad de que los procedimientos disciplinarios sean transparentes y garantistas para todas las partes implicadas.
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