La derecha reactiva la defensa de Juan Carlos I tras la desclasificación del 23-F

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La derecha impulsa el regreso de Juan Carlos I tras la desclasificación de los papeles del 23-F

La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España ha generado una intensa polémica política y mediática. Lejos de resolver las incógnitas sobre el papel que jugó el entonces rey Juan Carlos I, el contenido de los archivos ha avivado el debate sobre su figura y ha servido de catalizador para una campaña desde sectores conservadores que buscan su retorno a España.

Desclasificación sin respuestas clave

El 25 de febrero se publicaron en la web de La Moncloa cientos de páginas de documentos hasta ahora secretos sobre los hechos del 23-F. Sin embargo, historiadores y expertos coinciden en que estos archivos no aportan elementos nuevos sustanciales ni esclarecen cuestiones fundamentales, como el grado de conocimiento o implicación del monarca en la intentona golpista. Según los especialistas, las conversaciones más relevantes, especialmente las mantenidas por el rey y los altos mandos militares durante esas horas críticas, siguen sin ver la luz.

Carlos Estévez, periodista especializado en el tema, resume la situación como una “operación Juan Carlos” más orientada a blanquear la imagen del rey emérito que a ofrecer transparencia sobre el pasado reciente. Carmelo Romero, profesor emérito de Historia Contemporánea, señala que la información publicada aporta datos secundarios pero no el acceso a la “caja negra” de los acontecimientos, como denomina Alfonso Pinilla, autor de Golpe de timón, a las escuchas y conversaciones nunca desveladas.

El plan del 23-F y el papel de Juan Carlos I

Según los expertos, el golpe de Estado tenía como objetivo crear una situación de máxima tensión para que el general Alfonso Armada se presentara como salvador y propusiera un gobierno de concentración. Sin embargo, el plan fracasó por la violencia inesperada de los asaltantes y la negativa de la Casa Real a permitir que Armada accediera al Congreso como estaba previsto.

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Alfonso Pinilla sostiene que, aunque el rey no impulsó directamente la solución propuesta por Armada, tampoco la bloqueó de manera tajante. Así, la figura de Juan Carlos I se sitúa en una posición ambigua: ni motor ni dique de contención, sino un actor pasivo que permitió que los acontecimientos se desarrollaran sin intervenir decisivamente.

Reacción política y mediática: una operación de blanqueamiento

Menos de 24 horas después de la publicación de los documentos, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, abogó públicamente por el regreso de Juan Carlos I, argumentando que “contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave”. Feijóo calificó la desclasificación como una oportunidad para “reconciliar a los españoles” con el monarca.

Medios de comunicación influyentes como ABC, El Mundo o El País se sumaron a esta narrativa, destacando en sus portadas la idea de que “el rey paró el golpe”, a pesar de que los documentos no aportan pruebas concluyentes en ese sentido. Incluso se planteó la posibilidad de su regreso a España, aunque desde la Casa Real se advirtió de la necesidad de que el emérito regularice su residencia fiscal antes de instalarse de nuevo en el país.

  • Cadenas de radio como COPE y figuras mediáticas próximas a Juan Carlos I respaldaron la idea de su retorno.
  • Algunas voces públicas también expresaron reservas sobre su salida del país y la conveniencia de su vuelta.

Críticas desde la izquierda y el debate sobre la transparencia

Líderes y portavoces de formaciones de izquierda han mostrado su escepticismo ante la desclasificación, sugiriendo que los documentos han sido publicados de manera selectiva para favorecer la imagen del rey emérito. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, lo vincula directamente con la tramitación de la nueva Ley de Información Clasificada y acusa al Gobierno de buscar una reacción favorable a Juan Carlos I.

Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha calificado la desclasificación como una operación irrelevante que no aporta información nueva y que pretende exculpar al monarca de cualquier responsabilidad. Gerardo Pisarello, de los Comuns, advierte que la derecha utiliza los archivos para reforzar la imagen de Juan Carlos I como “salvador” frente a los riesgos de una España plural, mientras que otros actores políticos prefieren mantener la monarquía sin afrontar el pasado franquista.

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Ione Belarra, líder de Podemos, considera que se trata de una operación de Estado para “lavar la cara a un rey corrupto que no ha rendido cuentas ante la justicia” y evitar que se cuestione la legitimidad de la institución monárquica.

Sombras persistentes y documentos aún ocultos

Historiadores consultados insisten en que la relación entre Juan Carlos I y el general Armada es un aspecto central aún por esclarecer. Ana Martínez Rus, profesora de Historia Contemporánea, subraya que no existen pruebas directas de la implicación del rey en el golpe, aunque considera lógico pensar que estaba informado por su estrecha relación con el Ejército y sus críticas previas a la gestión de Adolfo Suárez.

Algunos documentos publicados han generado confusión, al incluir testimonios anónimos o versiones inverosímiles que han alimentado teorías erróneas en los medios. Además, se echa en falta transparencia sobre la financiación del golpe y la identidad de las familias que lo apoyaron, cuyos nombres siguen censurados.

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Conclusiones: más preguntas que respuestas

La desclasificación de los papeles del 23-F, lejos de cerrar heridas, ha puesto de manifiesto las limitaciones del acceso a la verdad sobre uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España. Para los expertos, la documentación realmente relevante sigue oculta y el episodio evidencia la necesidad de una ley de secretos oficiales que garantice una mayor transparencia.

Mientras tanto, la operación política y mediática para rehabilitar la figura de Juan Carlos I y facilitar su regreso a España avanza, en un contexto en el que la memoria histórica y la demanda de rendición de cuentas continúan siendo motivo de controversia nacional.

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