¿Cómo se elige al Fiscal General del Estado en España?
El reciente juicio y condena a Álvaro García Ortiz, hasta ahora fiscal general del Estado, ha puesto el foco en el proceso de selección de la máxima autoridad del Ministerio Público. García Ortiz ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de verse obligado a indemnizar con 10.000 euros a la parte afectada. Este hecho sin precedentes ha motivado la activación del procedimiento para nombrar a su sucesor.
Inicio del proceso tras la condena
El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha del proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado que la persona seleccionada contará con una trayectoria profesional y jurídica que garantice el ejercicio solvente de esta función clave en el sistema judicial español.
Requisitos legales para el cargo
El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece las condiciones para la designación del fiscal general del Estado:
- Debe tratarse de un jurista español de reconocido prestigio.
- Se exige una experiencia mínima de quince años en el ejercicio efectivo de la profesión.
- El nombramiento corresponde al Rey, a propuesta del Gobierno, tras oír previamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La normativa también contempla una serie de incompatibilidades. Quedan excluidos quienes, en los cinco años anteriores, hayan ocupado un cargo ministerial, de secretaría de Estado o de consejería en un Gobierno autonómico. Esta cláusula se incluyó en el acuerdo entre PSOE y PP en junio de 2024, tras la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía meses después de dejar el Ministerio de Justicia.
- No pueden ser propuestos quienes hayan sido presidentes de corporaciones locales, diputados, senadores, europarlamentarios o miembros de asambleas legislativas autonómicas.
Procedimiento de designación
El proceso de nombramiento sigue varias etapas:
- El Gobierno solicita y recibe un informe no vinculante del CGPJ sobre el candidato propuesto.
- Presenta la propuesta al Congreso de los Diputados, donde la persona candidata comparece ante la comisión correspondiente para evaluar sus méritos e idoneidad.
- Una vez cumplidos estos trámites, el Ejecutivo nombra oficialmente al nuevo fiscal general.
- El designado presta juramento o promesa ante el Rey y toma posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Duración y causas de cese
El mandato del fiscal general del Estado es de cuatro años, según el propio Estatuto Fiscal. Sin embargo, puede cesar antes por los siguientes motivos:
- Renuncia voluntaria.
- Incurrir en incompatibilidades o prohibiciones legales.
- Incapacidad o enfermedad.
- Incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
- Cese del Gobierno que propuso su nombramiento.
Cabe señalar que el mandato solo puede renovarse si la persona designada ha ocupado el cargo durante un periodo inferior a dos años.
Breve historia del cargo
El primer fiscal general del Estado reconocido oficialmente fue Trinitario Ruiz Capdepón, nombrado en 1882. Desde entonces, España ha contado con 59 fiscales generales. Estos son los más recientes:
- Dolores Delgado García (2020 – 2022)
- María José Segarra Crepo (2018 – 2020)
- Julián Sánchez Melgar (2017 – 2018)
- José Manuel Maza Martín (2016 – 2017)
- Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (2015 – 2016)
- Eduardo Torres-Dulce Lifante (2012 – 2014)
- Cándido Conde-Pumpido Tourón (2004 – 2011)
- Jesús Cardenal Fernández (1997 – 2004)
- Juan Cesáreo Ortiz Úrculo (1996 – 1997)
- Carlos Granados Pérez (1994 – 1996)
Importancia institucional
La figura del fiscal general del Estado es clave para garantizar el correcto funcionamiento del Ministerio Público y, por extensión, del sistema judicial español. El rigor en el proceso de selección y las condiciones impuestas por la ley buscan preservar la independencia y la profesionalidad de este alto cargo, especialmente en momentos de especial sensibilidad, como el actual.
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