La Audiencia Nacional solicita a la UCO el material incautado en casa de Leire Díez para su revisión
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrega del material intervenido durante los registros llevados a cabo en diciembre en el domicilio de Leire Díez, exmilitante socialista, con el objetivo de realizar un expurgo del mismo. Esta medida se enmarca en una investigación secreta sobre presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Restricciones en el uso de la información incautada
El magistrado ha exigido que los agentes no utilicen el contenido de los dispositivos electrónicos confiscados hasta que no se haya completado el proceso de expurgo, que servirá para separar la información relevante para la causa de aquella que no guarde relación con los hechos investigados. Además, se ha dispuesto la apertura de una pieza separada y reservada dedicada a este procedimiento, donde se sustanciarán las medidas adoptadas.
Reclamaciones de la defensa de Leire Díez
La defensa de Leire Díez ha solicitado formalmente la devolución de los dispositivos electrónicos incautados, así como el expurgo de cualquier documentación o información ajena al periodo y los hechos objeto de la investigación. También ha pedido el levantamiento del bloqueo de ocho cuentas bancarias, algunas de ellas a nombre de familiares, argumentando que no existe vínculo entre esas cuentas y la causa judicial ni se ha detectado actividad sospechosa.
Según la abogada de Díez, es fundamental garantizar el respeto al principio acusatorio y el derecho de su representada a un proceso con todas las garantías, para evitar la apertura de una causa general que derive en la imputación de hechos no concretos. La letrada subraya que la investigación penal debe centrarse únicamente en los hechos imputados y que no es procedente investigar de forma general a una persona o al conjunto de su actividad profesional o social.
Crítica por el cambio de contraseñas
La defensa de Díez ha denunciado que la UCO modificó las contraseñas de los dispositivos tras su incautación, una medida que considera desproporcionada, ya que tanto la Audiencia Nacional como los agentes habían accedido previamente al contenido con las claves facilitadas por la propia Díez y su esposo.
Situación financiera de los investigados
En el mismo escrito, la defensa insiste en la necesidad de levantar el bloqueo de las cuentas bancarias, alegando que la medida ha impedido a los afectados hacer frente a los gastos básicos de subsistencia, como el pago de recibos de agua, luz, gas, hipotecas, seguros médicos o la compra de alimentos.
Antecedentes de la investigación
Leire Díez fue detenida en diciembre junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, administrador de Servinabar y empresario próximo al exdirigente socialista Santos Cerdán. Durante esos días, la Guardia Civil realizó registros en varios inmuebles, algunos de ellos vinculados a Díez.
Tras pasar a disposición judicial, Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad con medidas cautelares, incluyendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
A finales de enero, la defensa de Díez solicitó el levantamiento del secreto de sumario, argumentando que la exmilitante socialista colaboró en todo momento, facilitando a la UCO el acceso a documentos, correos, dispositivos y contraseñas.
Acusaciones y estructura del grupo investigado
La Audiencia Nacional ordenó la detención al sospechar que los tres investigados se habrían apropiado presuntamente de más de 700.000 euros en comisiones, involucrando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en cinco operaciones diferentes.
Según la UCO, Díez, Fernández y Alonso formarían un grupo denominado “Hirurok”, que habría influido en la tramitación de expedientes dentro de la Administración pública en beneficio propio o de terceros, aprovechando su posición y relaciones en el ámbito de la función pública.
- La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.
- El proceso de expurgo determinará qué información puede ser utilizada por los investigadores.
- Las medidas cautelares impiden por ahora cualquier movimiento financiero por parte de los investigados.
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