La Audiencia Nacional investiga un fraude fiscal en hidrocarburos que supera los 1.000 millones de euros
La Audiencia Nacional está llevando a cabo una investigación de gran envergadura sobre al menos ocho causas vinculadas a fraudes en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector de los hidrocarburos. El impacto económico de estas tramas supera los 1.000 millones de euros, con graves consecuencias para las arcas públicas y la competencia dentro del mercado de combustibles en España.
El caso Villafuel: epicentro del escándalo
El procedimiento más conocido es el denominado ‘Villafuel’, que involucra al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista en el denominado ‘caso Koldo’, y a su socio Claudio Rivas. Ambos fueron detenidos en octubre de 2024 junto a otras doce personas, en el marco de una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación apunta a que la organización criminal habría defraudado más de 231 millones de euros entre 2021 y 2024. Según los informes policiales, la trama utilizaba empresas autorizadas en el sector para ceder la responsabilidad del pago del IVA a compañías instrumentales, que desaparecían antes de que la Agencia Tributaria pudiera recaudar el impuesto. Este mecanismo permitía a los implicados ofrecer carburante a precios más bajos, socavando la competencia y obteniendo beneficios millonarios.
Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica que parte de los fondos defraudados se habrían destinado a influir en altos cargos políticos, mencionando expresamente al exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva.
Otros procedimientos en marcha
Al caso Villafuel se suman al menos otros siete procedimientos de similares características, repartidos entre cuatro de los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Destacan las siguientes tramas:
- Gaslow Abastecimientos: Claudio Rivas también está imputado en relación con esta operadora, señalada por un fraude de 136 millones de euros entre 2019 y 2020.
- Tradea Bros y Grupo Bravo Continental: El Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga un entramado empresarial que habría defraudado más de 74 millones de euros en IVA, según el Ministerio Fiscal. Esta causa, aún bajo secreto de sumario, se caracteriza por su complejidad y el elevado número de operaciones mercantiles implicadas.
- Macrocausa iniciada en Illescas: Originada en 2013, esta investigación ha derivado en varias sentencias por fraude en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.
- Grupo Buran: Responsables de un presunto fraude de 133 millones de euros durante los ejercicios 2020 y 2021, mediante la creación de un entramado de empresas instrumentales para eludir el pago de impuestos y transferir beneficios a cuentas en el extranjero.
- Biomar Oil: En diciembre de 2025, la Policía Nacional llevó a cabo registros en esta empresa, desmantelando una trama acusada de defraudar hasta 280 millones de euros en IVA. Ocho personas fueron detenidas y la empresa se enfrenta a una reclamación fiscal de 119 millones de euros.
- Organización criminal desmantelada en 2024: El Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha propuesto juzgar a 22 personas por el supuesto desvío de más de 194 millones de euros en IVA entre 2021 y 2024.
Modus operandi de las tramas de fraude
Las investigaciones revelan un patrón común: empresas con autorización para operar en el sector de hidrocarburos utilizan sociedades instrumentales, que asumen la obligación de declarar el IVA pero desaparecen antes de cumplir con la Hacienda Pública. Gracias a esta operativa, los implicados pueden reducir el precio de los combustibles y obtener una ventaja competitiva ilícita, mientras blanquean los beneficios obtenidos.
Las organizaciones criminales también recurren a la creación de una red de sociedades pantalla, transferencias internacionales y la falsificación de documentación para dificultar el rastreo del dinero y el esclarecimiento de los hechos.
Impacto y respuesta institucional
Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que el fenómeno del fraude en la distribución de hidrocarburos ha sido reducido gracias a cambios normativos recientes, como la depuración del Registro de Extractores (Redef) y la limitación de intermediarios en la cadena de distribución. Sin embargo, advierten que buena parte de los casos actualmente en los tribunales corresponden a hechos cometidos antes de la implantación de estas medidas.
Desde la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) se reclama la aprobación de nuevas medidas legislativas para asegurar el pago del IVA antes de la salida del producto de los depósitos fiscales y la inclusión del incumplimiento tributario como causa de inhabilitación de operadores.
Principales acusados y penas solicitadas
- Víctor de Aldama: Se enfrenta a una condena de 7 años de prisión, con la atenuante de colaboración.
- Koldo García: Exasesor ministerial, para quien la Fiscalía solicita 19 años y medio de cárcel.
- José Luis Ábalos: Exministro, con una petición de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía.
Además, Claudio Rivas y otros implicados están siendo investigados por múltiples delitos, incluyendo blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.
Perspectivas y retos pendientes
La lucha contra el fraude en el sector de los hidrocarburos continúa siendo una prioridad para las autoridades fiscales y judiciales. A pesar de los avances normativos, el sector demanda una mayor coordinación y el desarrollo de herramientas legales más eficaces para erradicar estas prácticas, que afectan tanto a la recaudación pública como a la competencia y a la confianza de los consumidores.
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