La Audiencia Nacional desmiente la teoría de sabotaje en el apagón nacional: no había indicios de ataque
La Audiencia Nacional ha puesto fin a las especulaciones sobre el apagón eléctrico que afectó a España el 28 de abril de 2025, descartando por completo la existencia de un sabotaje informático como origen del incidente. Esta conclusión contradice la postura inicial del Gobierno, que apuntó a la hipótesis de un ataque para justificar la crisis y evitar asumir responsabilidades políticas.
Un apagón sin precedentes en el país
Durante la mañana del 28 de abril de 2025, diversas zonas de la península ibérica quedaron sin suministro eléctrico durante más de 24 horas, mientras que en Madrid la normalidad no se recuperó hasta pasadas las 21 horas. El evento causó un impacto considerable, pero no se tradujo en consecuencias políticas, ya que ningún alto cargo presentó su dimisión tras el suceso.
La hipótesis del sabotaje puesta en duda
En los días posteriores al apagón, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez sostuvo que era necesario mantener abiertas todas las líneas de investigación, favoreciendo la teoría de un posible sabotaje informático. Sin embargo, según el auto emitido por el magistrado José Luis Calama, encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional, no existe “ningún indicio mínimo” que respalde esta hipótesis.
El documento judicial, de ocho páginas, decreta el sobreseimiento provisional del caso al no encontrarse pruebas de un acto de sabotaje terrorista como causa del apagón. “No se deben efectuar planteamientos hipotéticos, ni seguir indagando en esta teoría”, señala el auto, enfatizando que se descarta un origen delictivo en los hechos investigados.
Investigaciones y comisiones tras el incidente
El día siguiente al apagón, el magistrado abrió diligencias tras la explicación oficial del Gobierno, que informó de la pérdida súbita de 15 gigavatios (GW) en cinco segundos, equivalente al 60% del consumo eléctrico en ese momento, un fenómeno sin precedentes en la historia energética de España.
Como respuesta, dos días después del incidente, el Consejo de Seguridad Nacional ordenó a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la creación de un comité especial para analizar las circunstancias del apagón. Este comité se dividió en dos grupos de trabajo:
- Un grupo de Ciberseguridad y Sistemas Digitales, centrado en investigar la posibilidad de un ciberataque.
- Un grupo enfocado en la operación y gestión del sistema eléctrico nacional.
Conclusiones claras y ausencia de pruebas de sabotaje
Después de analizar los informes elaborados por el Gobierno y la comisión especial, el juez instructor descartó categóricamente cualquier indicio que relacionase el apagón con un acto de terrorismo informático. “Todos y cada uno de estos informes descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”, dictamina el auto judicial.
A pesar de estas conclusiones, varios miembros del Ejecutivo mantuvieron la narrativa del sabotaje durante varias semanas, hasta que en mayo de 2025, la propia ministra Aagesen reconoció públicamente la inexistencia de evidencias de un ciberataque.
Sin consecuencias políticas tras la crisis
El apagón del 28 de abril de 2025, que puso a prueba la resiliencia del sistema eléctrico español y generó preocupación ciudadana y mediática, finalmente no ha tenido repercusiones políticas directas. Ningún cargo público ha asumido responsabilidades ni ha presentado su renuncia tras el incidente, a pesar de la magnitud de la crisis y de la gestión de la información por parte del Gobierno.
Con la conclusión de la Audiencia Nacional, se cierra una etapa de incertidumbre sobre el origen del apagón, aunque persisten interrogantes sobre la transparencia y la gestión de crisis en situaciones críticas para la infraestructura nacional.
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