La Audiencia Provincial de Madrid descarta investigar al delegado del Gobierno por presunta malversación
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido no autorizar que el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, amplíe la investigación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación.
Decisión judicial y argumentos
En un auto emitido recientemente, los magistrados han estimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado. Ambos organismos impugnaron la decisión previa del juez Peinado, quien en mayo había acordado imputar a Francisco Martín por su supuesta implicación en la contratación y supervisión de la asesora Cristina Álvarez durante su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno, entre 2021 y 2023.
La Audiencia considera que no existen pruebas suficientes que permitan sostener la hipótesis de que Martín Aguirre participase en actuaciones irregulares relacionadas con la función de Cristina Álvarez. Según recoge la resolución, no se aprecia «el más mínimo indicio» de que el delegado del Gobierno hubiera intervenido en una desviación de las funciones propias de la asesora.
Consecuencias de la resolución
Esta decisión judicial supone el previsible archivo de la causa contra Francisco Martín Aguirre, quien había sido incluido en la investigación a raíz de una querella presentada por el partido político Vox. La Audiencia de Madrid ha rechazado así la pretensión de ampliar la instrucción al delegado del Gobierno, respaldando la postura de los organismos estatales encargados de velar por la legalidad.
- El auto descarta indicios de delito en la actuación de Martín Aguirre.
- La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldaron el recurso contra la imputación.
- La causa se había originado por una querella de Vox.
Contexto de la investigación
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, es el responsable de la causa principal contra Begoña Gómez. La investigación inicial se centraba en presuntas irregularidades en el entorno de la Presidencia del Gobierno, pero la Audiencia Provincial ha limitado su alcance al considerar infundadas las nuevas imputaciones contra otros altos cargos.
Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Madrid refuerza la exigencia de pruebas concretas para la apertura de investigaciones penales contra responsables públicos, subrayando la importancia de salvaguardar la presunción de inocencia en el ámbito judicial.
Nota:
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