La Abogacía del Estado solicita la nulidad del caso contra García Ortiz por irregularidades en el registro de la UCO
La última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, concluyó con la presentación de los informes finales tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, ambos en defensa del acusado. García Ortiz se enfrenta a la acusación de revelación de secretos tras la filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Defensa de las actuaciones del Ministerio Público
Durante su exposición, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, subrayó que la actuación del Ministerio Público en la investigación sobre González Amador respondió a los mismos criterios aplicados a cualquier ciudadano sospechoso de infracciones penales. Sánchez Conde recalcó: “El Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador. Ha recibido el mismo trato que a cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales”.
Respecto a la nota informativa difundida por la Fiscalía en relación al caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Sánchez Conde defendió su legalidad argumentando que “todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada”.
Críticas al informe de la UCO
La Fiscalía mostró su desacuerdo con el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señalando la ausencia de pruebas directas contra García Ortiz. Para Sánchez Conde, los agentes de la UCO seleccionaron únicamente aquellos elementos que consideraron relevantes, omitiendo otros datos y sin presentar un análisis técnico exhaustivo.
Sobre el borrado de datos en el teléfono móvil del fiscal general, la teniente fiscal sostuvo que fue una acción legítima y sin repercusión en la investigación: “El borrado del fiscal general del Estado, aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa”.
La Abogacía del Estado denuncia irregularidades en los registros
Por su parte, José Ignacio de Ocio, representante de la Abogacía del Estado, inició su intervención señalando el fuerte impacto mediático que ha rodeado al proceso. Destacó que este contexto ha propiciado “un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales”, lo que, en su opinión, ha perjudicado la presunción de inocencia de García Ortiz.
En su alegato, la Abogacía del Estado insistió en la nulidad de los registros realizados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según la defensa, los agentes de la UCO clonaron todos los dispositivos electrónicos sin ajustarse a los límites temporales establecidos por la resolución judicial, ejecutando el procedimiento “sin cobertura legal”.
- La defensa sostiene que la actuación de la UCO vulneró los términos fijados por el magistrado instructor.
- Solicita la nulidad del caso por este “incumplimiento” en la obtención de pruebas.
Filtraciones y dudas en la investigación
De Ocio también señaló la existencia de una “laguna” en la investigación respecto a la posible difusión del correo electrónico del 2 de febrero, enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que ofrecía un acuerdo al fiscal. Según la Abogacía del Estado, no está acreditado cómo ni a quiénes pudo reenviarse este correo, lo que añade incertidumbre sobre el origen de la filtración.
El representante legal de García Ortiz subrayó que la única filtración debidamente documentada es la del correo electrónico enviado por el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, al abogado de González Amador el 12 de marzo. Según la defensa, Neira fotografió y remitió este mensaje a su cliente, quien posteriormente lo envió al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, sin que existan pruebas de otras filtraciones.
Conclusión
La última jornada del juicio deja en evidencia las discrepancias entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los informes de la UCO, centrándose el debate en la legitimidad de los registros y la filtración de información. La defensa de García Ortiz solicita la nulidad del procedimiento por considerar que se han vulnerado garantías fundamentales durante la investigación.
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