Investigación judicial sobre el fraccionamiento de contratos sanitarios en Cádiz: ¿hubo perjuicio al erario público?
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz está llevando a cabo una investigación para determinar si el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia durante el año 2021 incurrió en irregularidades y produjo un daño al erario público. Esta actuación judicial se centra en contratos por valor aproximado de 235 millones de euros, con el objetivo de esclarecer si se vulneró la legalidad en la gestión de los fondos públicos destinados a la sanidad.
Contexto de la investigación
La investigación se inició tras una denuncia presentada por Podemos Andalucía, que acusó al SAS de realizar un “uso abusivo” de los contratos menores, con el propósito de esquivar los controles de fiscalización y los límites que impone la adjudicación directa. Según la legislación vigente, los contratos menores son aquellos cuyo valor no supera los 40.000 euros en el caso de obras, o los 15.000 euros si se trata de suministros o servicios.
Durante el ejercicio 2021, el SAS emitió en Cádiz 135.767 documentos de contratos menores, sumando una cuantía global de 235.485.178,79 euros. Un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, que examinó una muestra representativa del 0,12% de las facturas, detectó incidencias en todos los casos revisados.
Solicitud de un informe pericial
El juez responsable del caso ha requerido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la elaboración de un informe pericial exhaustivo. Este informe debe analizar, entre otros aspectos:
- La existencia de daño, aunque sea potencial, al erario público debido al fraccionamiento de los contratos.
- La adecuación de los procedimientos de contratación a la legalidad, incluyendo la justificación de la necesidad del contrato y la ausencia de alteración de su objeto para evitar umbrales legales.
- El análisis técnico y económico de los precios de contratación, comparándolos con los que se habrían obtenido siguiendo los procedimientos ordinarios y con los precios de otras comunidades autónomas.
- La revisión de las fuentes presupuestarias utilizadas y el cumplimiento de los procedimientos de autorización y aprobación del gasto público.
La finalidad de esta pericia es realizar un análisis integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud y determinar si las irregularidades observadas por la Intervención de la Junta tienen relevancia penal.
Posiciones de las partes implicadas
Hasta el momento, ha declarado ante el juzgado el director de compras del SAS en Cádiz, quien ha negado cualquier irregularidad en el proceso. Por su parte, el Gobierno andaluz sostiene que todas las actuaciones se han realizado conforme a la legalidad vigente y ha recurrido la prórroga de la instrucción dictada por el juzgado, que amplió la investigación hasta abril de 2026.
Desde Podemos Andalucía, la secretaria general Raquel Martínez ha instado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a ofrecer explicaciones públicas y aportar toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos. Según Martínez, este caso refleja una gestión que “debilita la sanidad pública mientras aumenta el volumen de recursos destinados a la sanidad privada”.
Repercusiones en la gestión sanitaria andaluza
La gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía se ha situado como la principal preocupación de los ciudadanos de la comunidad, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces. El deterioro percibido en los servicios sanitarios ha continuado durante los años de gobierno del Partido Popular en la región, lo que añade presión a la resolución de este caso.
Próximos pasos en la investigación
El informe solicitado a la IGAE será clave para determinar si existió un daño real o potencial a los fondos públicos y si las anomalías detectadas pueden constituir un delito de malversación. El análisis se centrará en la legalidad de los procedimientos, la idoneidad de los precios contratados y la adecuada justificación de la contratación menor fraccionada.
El resultado de la pericia y las posteriores diligencias judiciales serán determinantes para esclarecer la actuación del SAS en Cádiz y, en última instancia, para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en la gestión sanitaria andaluza.
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