El Gobierno andaluz niega la eliminación de historiales médicos y acusa a Amama de generar «alarma social»
El Gobierno de Andalucía ha rechazado de forma contundente las acusaciones de la asociación Amama, que denunció ante la Fiscalía la supuesta manipulación o eliminación de pruebas médicas en los historiales clínicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La administración autonómica asegura que no solo no existe posibilidad de borrar estos registros, sino que la denuncia carece de fundamento y ha provocado una innecesaria «alarma social».
Imposibilidad de eliminar historiales médicos
Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Presidencia, afirmó en rueda de prensa que “no se pueden borrar las historias médicas” del sistema Diraya —la herramienta utilizada por los profesionales sanitarios en Andalucía para la gestión de la información clínica de los pacientes—. Sanz explicó que la única manera en que se pueden eliminar datos es bajo procesos estrictamente controlados de depuración, debido al paso de los años o por mandato legal, y que en todo caso estas acciones están respaldadas por copias de seguridad auditadas periódicamente conforme a las políticas internas del SAS.
El consejero subrayó que el sistema Diraya mantiene un registro de accesos durante al menos dos años y medio, incluyendo la identificación del usuario, la fecha, la hora y el motivo de la consulta o cesión de datos, en línea con los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos.
Conservación y eliminación de datos conforme a la ley
Sanz destacó que las historias clínicas deben conservarse de manera permanente, salvo en el caso de ciertos documentos que no sean considerados esenciales, como hojas de tratamiento u observaciones de procesos ya cerrados. Estos documentos secundarios pueden eliminarse dentro de un periodo legal que oscila entre los cinco y los quince años, según lo establecido por la normativa vigente.
El consejero insistió en que cualquier persona que solicite hoy acceso a su historial médico podrá comprobar que las pruebas y las imágenes están disponibles y que no falta información relevante.
Petición de responsabilidad y prudencia
Durante su comparecencia, Sanz llamó a la prudencia y la responsabilidad a la hora de realizar denuncias públicas, solicitando que siempre se presenten pruebas concretas. Según sus declaraciones, la denuncia de Amama no incluía evidencias que respaldaran las acusaciones, motivo por el cual lamentó el impacto mediático que ha tenido la denuncia.
“El sistema de cribados salva muchas vidas. No le hagamos perder credibilidad”, manifestó Sanz, quien insistió en que acusar al personal sanitario y al sistema de manipulación de pruebas constituye una acusación muy grave.
Respuesta a la implicación del Gobierno central
El consejero también se refirió a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien abordó el asunto públicamente. Sanz reiteró que, aunque pudieran existir fallos, no ha habido ninguna manipulación ni eliminación de pruebas médicas en el sistema sanitario andaluz y pidió no poner en duda la credibilidad de los servicios sanitarios.
Llamamiento al diálogo y colaboración
Sanz aprovechó la ocasión para pedir a la asociación Amama que colabore con el sistema de cribados, recordando la importancia de estos programas para la detección precoz y la prevención de enfermedades. Lamentó que la organización haya rechazado en repetidas ocasiones reunirse con representantes del Gobierno andaluz para abordar los casos concretos y mostrarles el funcionamiento del sistema informático y las copias de seguridad existentes.
- El Gobierno andaluz reitera la imposibilidad técnica de eliminar historiales médicos fuera de los procesos legales y controlados.
- La denuncia de Amama, según la Junta, no presenta pruebas y ha generado alarma social.
- El sistema Diraya garantiza la trazabilidad de todos los accesos y movimientos en los historiales clínicos.
- La administración autonómica invita al diálogo y a la colaboración para reforzar la confianza en el sistema sanitario público.
La polémica evidencia la sensibilidad social en torno a la protección de los datos médicos y la transparencia en la gestión de la información sanitaria, en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones resulta fundamental.
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