Una jueza federal bloquea el intento de Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar
Una jueza federal en Washington ha frenado el intento del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer la obligatoriedad de presentar una prueba documental de ciudadanía para inscribirse en el registro federal de votantes. La decisión representa un revés para las iniciativas impulsadas por Trump y sus aliados, quienes argumentan que la medida busca evitar el supuesto voto ilegal de personas no ciudadanas en las elecciones del país.
La resolución judicial
La magistrada Colleen Kollar-Kotelly, responsable del fallo, declaró que el presidente de Estados Unidos carece de autoridad para establecer este tipo de requisitos, competencia que corresponde exclusivamente a los estados y al Congreso. Según la jueza, la orden ejecutiva firmada por Trump —que exigía un pasaporte o identificación oficial como comprobante de ciudadanía para el registro electoral— viola el principio constitucional de separación de poderes.
Contexto y repercusiones
La resolución se produce tras una demanda presentada por organizaciones demócratas y de derechos civiles, quienes argumentaron que la orden de Trump suponía un obstáculo injustificado al derecho al voto. Kollar-Kotelly ya había emitido previamente una orden de bloqueo temporal contra la medida, y su dictamen actual la invalida de manera definitiva.
El expresidente Trump ha reiterado en diversas ocasiones que ciudadanos no estadounidenses han participado de manera irregular en procesos electorales, utilizando estos argumentos para justificar una mayor vigilancia y endurecimiento de las normas de registro. Sin embargo, múltiples investigaciones y reportes oficiales aseguran que los casos documentados de fraude electoral cometidos por personas no ciudadanas en Estados Unidos son extremadamente infrecuentes.
Implicaciones para el proceso electoral
El fallo judicial refuerza la autoridad de los estados y del Congreso para determinar los requisitos de inscripción en los registros de votantes, subrayando la importancia de respetar la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense. Además, la decisión es vista como una defensa de los derechos civiles y del acceso al voto, en un contexto de creciente debate sobre la integridad del proceso electoral en el país.
- La orden ejecutiva de Trump queda anulada por violar la separación de poderes.
- Solo los estados y el Congreso pueden modificar los requisitos para el registro de votantes.
- La evidencia de fraude electoral por parte de no ciudadanos es mínima según organismos oficiales.
La resolución de la jueza Kollar-Kotelly marca un precedente significativo en la protección del derecho al voto y en la delimitación de las competencias entre los distintos poderes del Estado en materia electoral.
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