Una jueza federal de Chicago suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois
Una jueza federal en Chicago ha emitido una orden que bloquea de forma temporal la movilización de tropas de la Guardia Nacional en Illinois, medida impulsada por la Administración Trump para reforzar las redadas migratorias en el estado. La decisión responde a la falta de pruebas suficientes que justifiquen el despliegue bajo el argumento de un presunto riesgo de “rebelión”.
Orden judicial contra el despliegue federal
La magistrada April M. Perry anunció este jueves su intención de dictar una orden de restricción temporal que impide legalmente el envío y la actuación de las tropas en territorio de Illinois. Perry sostuvo que no existen “pruebas creíbles” que demuestren una amenaza de rebelión, desestimando así el principal motivo presentado por el Departamento de Justicia para justificar la movilización de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas en el área de Chicago.
Durante una audiencia que se prolongó por seis horas, representantes de la Fiscalía y del Gobierno federal defendieron la necesidad de proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la operación Midway Blitz, una campaña de arrestos masivos en la región.
Argumentos y reacciones ante la medida
La jueza Perry manifestó su preocupación por el impacto que tendría la presencia militar sobre la comunidad local. “Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional en el centro de detención de Broadview o en cualquier otro lugar de Illinois solo echará más leña al fuego”, afirmó la magistrada. Además, calificó la interpretación de la situación por parte del Departamento de Seguridad Nacional como “simplemente poco fiable”.
La solicitud para frenar el despliegue fue presentada días antes por el gobierno estatal de Illinois, liderado por el demócrata J.B. Pritzker. La decisión de la jueza fue duramente criticada por el presidente Donald Trump, quien defendió la necesidad de la medida. Tras conocerse el fallo, el gobernador Pritzker publicó en la red social X: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Este jueves, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos”.
Debate sobre la legalidad y los riesgos del despliegue
Durante la audiencia, el abogado de la Fiscalía General de Illinois, Christopher Wells, acusó a la Administración Trump de tergiversar la situación en el estado y de exagerar la autoridad presidencial para desplegar fuerzas militares. Wells advirtió sobre los “daños irreparables” que podría ocasionar la movilización y calificó las acciones presidenciales de “ilegales”, aunque reconoció que ciertos comportamientos de algunos manifestantes eran “deplorables”.
Por el lado federal, Eric Hamilton, representante del Departamento de Justicia, sostuvo que el tribunal no debía determinar si existe una rebelión, sino únicamente si hay un riesgo de que ocurra. Hamilton también sugirió que recurrirán la decisión de la jueza Perry, quien el lunes anterior ya había solicitado más tiempo para analizar el caso.
Preocupaciones sobre la militarización y la politización
La jueza Perry también interrogó a los representantes federales sobre la posibilidad de que las tropas fueran desplegadas en barrios residenciales y zonas escolares. Hamilton respondió que la presencia militar estaría justificada “siempre que sea preciso” para combatir la delincuencia, aunque no especificó los límites de dicha intervención.
Un grupo de ex altos mandos militares estadounidenses presentó un documento ante la jueza en el que advertían sobre los riesgos de politizar a las fuerzas armadas, señalando que este tipo de despliegues conllevan “riesgos implícitos” y pueden afectar la neutralidad militar.
Nuevas restricciones y tensiones políticas
En paralelo a la orden de la jueza Perry, otro juez federal en Chicago impuso nuevas limitaciones a los agentes de ICE para realizar arrestos sin orden judicial, tras una demanda colectiva que denunciaba excesos por parte de la Patrulla Fronteriza.
La tensión entre la Administración Trump y el gobierno de Illinois aumentó aún más cuando el gobernador Pritzker ordenó una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo de apartamentos de Chicago, después de recibir informes sobre la detención de ciudadanos estadounidenses y menores de edad.
Conclusión
La suspensión temporal del despliegue de la Guardia Nacional en Illinois representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno federal y las autoridades estatales sobre el manejo de las políticas migratorias y el uso de fuerzas militares en territorio nacional. El caso sigue abierto y se prevé que las instancias judiciales superiores puedan ser requeridas para una resolución definitiva.
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