Juez investiga en secreto pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024

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El juez abre una investigación secreta sobre pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha iniciado una pieza separada y bajo secreto sobre los pagos en metálico realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante el periodo comprendido entre 2017 y 2024. La decisión responde a la solicitud expresa del partido, motivada por la preocupación de que pueda divulgarse información sensible relativa a su funcionamiento interno.

Documentación reservada y traslado a la Fiscalía

Según ha trascendido, la documentación entregada por el PSOE, almacenada en un dispositivo USB, contiene información detallada sobre todos los pagos en efectivo realizados durante siete años. Esta información ha sido remitida a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse al respecto y presentar las valoraciones que considere oportunas.

El juez Moreno ha ordenado que esta pieza permanezca secreta al menos durante un mes, aunque el periodo podría extenderse según avance la investigación. En el auto emitido, el magistrado señala que la decisión se toma considerando “la especial naturaleza del delito que se investiga”, el carácter reservado de las diligencias y el contenido sensible de la documentación aportada.

Motivos para la declaración de secreto

El juez destaca que los datos incluidos en la investigación afectan a diversas personas vinculadas al partido, entre ellas cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios. Por ello, considera “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente” la adopción de esta medida cautelar mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

  • La documentación incluye la relación de pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024.
  • Se aportan justificantes de los pagos, independientemente del destinatario.
  • El objetivo es esclarecer el origen y la naturaleza de estas operaciones financieras.

El contexto judicial: el caso Koldo y antecedentes

Esta actuación se enmarca en la investigación de la conocida como “rama Koldo” del caso que instruye la Audiencia Nacional, en la que se indaga si existieron actividades de blanqueo de capitales mediante pagos en efectivo dentro del PSOE. El juez ya había abierto previamente una pieza separada para analizar si estos fondos pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García con fines ilícitos.

Las pesquisas se intensificaron tras las dudas expresadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de investigar tanto a Ábalos como al también exdirigente socialista Santos Cerdán. Puente detectó “incógnitas” respecto al origen y justificación de los pagos en efectivo y a los procedimientos internos para su validación.

Preocupaciones internas y sospechas de irregularidades

El propio PSOE solicitó la declaración de secreto de estas pesquisas para evitar la posible utilización partidista de la información por parte de otras formaciones, como PP o Vox, personadas también en el procedimiento. El partido argumentó una “profunda preocupación” por la protección de datos sensibles sobre su estructura interna.

A raíz de las declaraciones ante el juez del Supremo de antiguos responsables económicos y empleados del partido, surgieron nuevas preguntas sobre la naturaleza de los pagos y el origen de los fondos en metálico. La Fiscalía, por su parte, ha señalado la existencia de conductas que podrían ser calificadas como presunto blanqueo de capitales o posibles desfalcos, además de otras irregularidades internas.

Próximos pasos en la investigación

Con la apertura de esta pieza secreta, la Fiscalía Anticorrupción analizará la documentación enviada por el PSOE y emitirá un informe al respecto. El plazo inicial de secreto es de un mes, aunque el juez podrá prolongarlo si lo estima necesario para el avance de las diligencias.

La investigación continúa centrada en esclarecer las posibles responsabilidades derivadas del uso de efectivo dentro del partido y en determinar si existieron irregularidades o delitos en la gestión interna de fondos.

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